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AUSENCIA DE RESULTADOS MARCAN GESTIÓN TRAS EL CAMBIO DE CÚPULA

Crio. Ppal. Humberto Dionisio Galeano Orhuela, jefe del Departamento de Prevención y Seguridad Ciudadana, y Crio. Gral. Carlos Bartolomé Acosta, director de Policía del Alto Paraná.

Crisis de seguridad en Alto Paraná: nuevos jefes policiales enfrentan ola delictiva sin precedentes

La designación del nuevo subcomandante de la Policía Nacional, César Silguero, a principios de octubre, desencadenó una reorganización que, lejos de fortalecer la estructura de seguridad, ha profundizado la crisis operativa en Alto Paraná. Los nombramientos de mandos sin experiencia o con antecedentes cuestionables en posiciones estratégicas coinciden con una escalada delictiva que tiene en vilo a la ciudadanía, particularmente ante la proximidad de las fiestas de fin de año, época en que tradicionalmente se disparan los índices de criminalidad en el Este del país.

Entre las designaciones más controvertidas figura la del comisario principal Humberto Dionisio Galeano Orhuela, quien asumió la jefatura del Departamento de Prevención y Seguridad Ciudadana en reemplazo del Crio. Ppal. José María Martínez. Declarado masón y perteneciente a la misma logia que el comandante Carlos Benítez, Galeano Orhuela habría accedido al cargo por afinidad fraternal más que por mérito profesional o capacidad operativa demostrada.

Hasta hace poco jefe de comisaría, Galeano Orhuela carece de trayectoria en puestos operativos de gran escala, lo que genera fuertes dudas sobre su aptitud para conducir un área clave en uno de los departamentos más conflictivos del país. Otro cambio es la designación del comisario general inspector Carlos Bartolomé Acosta como nuevo director de Policía del Alto Paraná. Su antecedente inmediato resulta alarmante: fue separado de la dirección policial de Itapúa tras una ola de asaltos a cajeros automáticos y robos violentos que expusieron severas fallas en su comando. Según fuentes internas de la institución policial, su llegada al Alto Paraná responde a su vínculo directo con el nuevo subcomandante Silguero, quien actuaría como su protector político. «Bartolomé es su ta’yra», comentó una fuente policial.

La situación no mejora en la Dirección de Investigaciones, donde el jefe Crio. Ppal. José María Delgado y el subjefe Crio. Hugo Sosa se mantienen en sus cargos pese a los nulos resultados en materia operativa. Desde que asumieron, no se registra un solo caso de relevancia esclarecido ni detenciones importantes que hayan desarticulado estructuras criminales.

OLA DELICTIVA IMPARABLE

Los últimos días han estado marcados por una serie de asaltos audaces en los que los delincuentes, vestidos con uniformes policiales, operan a plena luz del día sin encontrar resistencia de las fuerzas de seguridad. La modalidad se ha vuelto recurrente y evidencia tanto la osadía criminal como la ineficacia policial.

El lunes pasado, a las 9:45 horas, tres delincuentes ingresaron con llamativa facilidad al interior del puerto privado Algesa, ubicado en el Km 12 Acaray, y asaltaron al gerente de una empresa que funciona en el lugar. La intención era robar dinero, pero la víctima solo tenía en su poder una notebook, que fue llevada por los asaltantes.

Tras cometer el atraco, los bandidos abandonaron dos motocicletas dentro del predio y, después de saltar la muralla perimetral, robaron una camioneta a un hombre que pasaba ocasionalmente por el sitio. La facilidad con que ingresaron a una instalación privada supuestamente segura genera serias interrogantes sobre la efectividad de los protocolos de seguridad.

El sábado último, cinco delincuentes encapuchados irrumpieron en una vivienda del barrio Santa Inés del Km 6,5 Monday de Presidente Franco, haciéndose pasar por policías. Los bandidos forzaron las puertas y rindieron con violencia a los dueños de casa, amenazando con dispararles en caso de reaccionar. Se llevaron como botín Gs. 30 millones.

El miércoles de la semana pasada, tres delincuentes tomaron por asalto una gasolinera ubicada sobre la Av. República de Bolivia, en el barrio 29 de Septiembre. Robaron todo el dinero que había en el minishop y despojaron de sus pertenencias a dos clientes que cenaban en el lugar. Los asaltantes escaparon sin dejar rastros útiles para la investigación policial.

El 13 de noviembre, en horas de la tarde, un vehículo perteneciente a una distribuidora de productos electrónicos fue blanco de un intento de asalto en el Área 1, específicamente sobre la avenida Los Yerbales. Gracias a la rápida reacción del conductor, el atraco quedó frustrado y no se registraron heridos. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la propia unidad de transporte, donde se puede observar claramente a cuatro delincuentes vestidos de policías, portando armas de grueso calibre, intentando interceptar el vehículo.

Además de estos casos que trascendieron públicamente, fuentes comerciales y vecinales aseguran que muchos otros asaltos y robos no son denunciados debido a la inacción policial y la desconfianza en el sistema. La percepción generalizada es que realizar una denuncia no conduce a ningún resultado concreto, por lo que muchas víctimas prefieren absorber las pérdidas antes que perder tiempo en trámites inútiles.

En los últimos meses, el panorama operativo en Alto Paraná resulta desolador: no hubo operativos exitosos significativos, ni detenciones que hayan desarticulado bandas criminales, ni avances sustanciales en la investigación de casos complejos. Las fallas en la red de informantes provocaron el colapso de operativos clave, y las patrullas son escasas o prácticamente inexistentes en las zonas consideradas calientes.

La proximidad de las fiestas de fin de año genera preocupación adicional en la ciudadanía. Históricamente, diciembre marca un incremento en los índices delictivos en la región Este del país, con asaltos a comercios, robos domiciliarios y hurtos de vehículos.

Con una estructura policial debilitada, mandos cuestionados y ausencia de resultados operativos, la población del Alto Paraná enfrenta este período de alta vulnerabilidad sin la protección institucional que debería garantizar el Estado. La confianza en la Policía Nacional se erosiona día a día, mientras los delincuentes parecen operar con total libertad y sin temor a consecuencias.

MILLAS

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