Desde el año 2020, las calles del microcentro de Ciudad del Este dejaron de ser espacio público para convertirse en un territorio de lucro privado. El nombre del actor principal de esta historia es A-Tec Paraguay S.A. —formalmente San Marino Inversiones S.A.—, una empresa creada con un único fin: acaparar el millonario negocio del estacionamiento tarifado en la ciudad, sin rendir cuentas y con escasas obligaciones. Lo más grave es que este negocio funciona con el respaldo de un contrato plagado de irregularidades que, lejos de beneficiar a la ciudadanía o al erario municipal, parece diseñado exclusivamente para engrosar bolsillos privados.
La firma comenzó a operar en 2020 bajo la venia del entonces intendente Miguel Prieto, con la firma del entonces secretario general de la comuna, Rubén Velázquez, premiado después con una banca en el Senado. Desde entonces, A-Tec se embolsa entre 300 y 400 millones de guaraníes mensuales cobrando por el uso del espacio público, pero sin abonar ni un solo guaraní a la Municipalidad en concepto de canon. A cambio, solo promete realizar mejoras urbanas, pero la evidencia es abrumadora: nada o casi nada se hizo.
El acuerdo firmado con la Comuna de Ciudad del Este, con vigencia hasta 2027, exige a la empresa llevar a cabo tareas como demarcación de espacios, reparación de cordones, señalización y otras mejoras. A-Tec incumplió sistemáticamente estas obligaciones. La mayoría de los elementos viales fueron colocados por la propia institución municipal, mientras que lo ejecutado por la firma se limita a unas cuantas franjas de pintura.
Pero el cinismo no termina ahí. Otra cláusula central del contrato establece que A-Tec debe transparentar sus ingresos mediante la publicación diaria de su recaudación a través de una plataforma digital. Esto jamás se cumplió. Al contrario, usuarios afirman que ni siquiera se expiden facturas legales, lo que sugiere un manejo completamente opaco y posible evasión impositiva sistemática.
CIUDADANÍA PAGA, PERO
NO RECIBE NADA A CAMBIO
Mientras la empresa crece y opera sin control ni auditoría, los trabajadores del microcentro (comerciantes, mesiteros y empleados) cargan con el costo. La tarifa de G. 4.000 por hora convierte al simple acto de ir a trabajar en un gasto insostenible. Un empleado que deja su vehículo estacionado 8 horas por día debe desembolsar G. 32.000 diarios, lo que supera el 50% del salario mínimo mensual. “Estamos obligados a pagar para trabajar, y encima no hay ni siquiera mejoras reales en las calles”, lamentó un trabajador del centro, que pidió anonimato por temor a represalias.
A esto se suma una política abusiva de “tolerancia cero” implementada por la empresa. Quienes se retrasan apenas unos minutos en el pago ya son sancionados con multas o, peor aún, se enfrentan a la posibilidad de que su vehículo sea remolcado por grúa. No hay margen para el sentido común. “No hay criterio ni consideración, es una empresa con fines exclusivamente recaudatorios”, denuncian los afectados.
El rostro detrás del negocio es Diego Fernando Arévalos Morel, un joven político oriundo de Presidente Franco, de pasado en UNACE y luego adherente al movimiento YoCreo de Miguel Prieto. Su cercanía política con el intendente suspendido no es un dato menor: la empresa fue beneficiada con el contrato más jugoso del municipio, y sin competencia real.
Para colmo, A-Tec Paraguay no es una isla: su empresa matriz, A-Tec Projetos e Equipamentos Ltda., con sede en Brasil, acumula un abultado historial de demandas judiciales, incluyendo casos de evasión fiscal y conflictos laborales.
Frente al descontento generalizado y la evidente violación de cláusulas contractuales, la expectativa lógica sería la anulación inmediata del contrato. Pero el interventor de la Municipalidad, Ramón Ramírez, optó por la inacción. En sus propias palabras, “no está en su agenda” abordar el problema. Alega falta de tiempo y dice que la decisión le corresponderá a un próximo intendente, que podría ser el mismo Miguel Prieto, algún concejal o un nuevo jefe comunal tras las elecciones anticipadas.
El caso A-Tec constituye un modelo de cómo los bienes comunes pueden ser entregados al sector privado sin garantías de transparencia, sin control y sin retorno tangible para la ciudadanía. El estacionamiento tarifado en Ciudad del Este, en lugar de organizar el tráfico o mejorar el entorno urbano, se ha transformado en una máquina de recaudar para un grupo reducido de empresarios-políticos, en una muestra más del clientelismo enquistado en la gestión pública.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
