: Los carteles y gigantografías ocupan todos los espacios y causan una feroz polución visual, a la entrada al país.
Doble discurso empresarial y silencio del MOPC ante caos visual en Ciudad del Este
La Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este exigió en un reciente comunicado la eliminación inmediata de la contaminación visual en los accesos al país, un reclamo que genera polémica al provenir de un sector empresarial que también contribuye a ese desorden urbano. La contradicción expone la falta de autocrítica del gremio comercial, mientras la ruta PY02 continúa saturada de carteles y pórticos publicitarios instalados de forma irregular. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, bajo la gestión de Claudia Centurión, en su momento anunció operativos de retiro y sanciones, pero los controles quedaron a medio camino. La ausencia de castigos efectivos consolidó la impunidad y permitió que las estructuras ilegales reaparezcan. El resultado es una peligrosa combinación de contaminación visual, riesgo vial e imagen institucional deteriorada.
El reciente comunicado emitido por la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este volvió a instalar en la agenda pública un problema estructural largamente ignorado: la contaminación visual y la ocupación irregular de espacios públicos en el acceso al país, una práctica que, según el propio gremio empresarial, deteriora la imagen institucional del Paraguay y afecta el orden urbano y fronterizo.
El pronunciamiento, firmado por el Consejo Directivo de la Cámara, con las rúbricas del Lic. Luis Gilberto Ruiz Díaz Ledesma, secretario general, y Saíd Mohamed Taigen, presidente de la entidad, incluye un punto que no pasó desapercibido. La exigencia de una “eliminación inmediata” de la contaminación visual genera un fuerte contraste con la realidad, considerando que buena parte de esa polución estética es impulsada precisamente por empresarios del sector comercial, muchos de ellos afiliados o vinculados a la propia Cámara.
Carteles de gran porte, pórticos publicitarios, estructuras metálicas y anuncios instalados sin criterio urbanístico ni respeto a la franja de dominio público forman parte del paisaje cotidiano en los accesos a Ciudad del Este y en los principales corredores viales. La pregunta es inevitable: ¿quiénes son los responsables reales de esta contaminación visual que ahora se denuncia? El comunicado, lejos de asumir responsabilidades, parece deslizar la culpa exclusivamente hacia el Estado, omitiendo el rol activo del sector privado en la proliferación de estos elementos.
El ejemplo más evidente se observa sobre la ruta PY02, bajo jurisdicción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Allí, la instalación irregular de pórticos y carteles publicitarios se convirtió en un problema crónico que no solo afecta el paisaje, sino que representa un riesgo concreto para la seguridad vial.
Conductores denuncian desde hace años que estas estructuras obstruyen la visibilidad, distraen la atención y violan abiertamente la legislación vigente sobre tránsito y uso de la franja de dominio. Pese a ello, el control ha sido intermitente, selectivo y, en muchos casos, inexistente.
En su momento, la ministra Claudia Centurión anunció operativos de retiro de cartelería ilegal y advirtió sobre la aplicación de sanciones civiles y penales contra los responsables. Sin embargo, la realidad volvió a imponerse: los trabajos quedaron a medio camino, no se conocieron sanciones efectivas y la mayoría de las estructuras volvieron a aparecer, como si nada hubiera ocurrido.
MUCHO DISCURSO, CERO CONSECUENCIAS
La falta de sanciones concretas terminó enviando un mensaje claro: la ilegalidad sale gratis. Ni el MOPC avanzó con procesos administrativos serios, ni se transparentaron responsabilidades empresariales, ni se estableció un precedente que disuada futuras infracciones.
En este contexto, el reclamo de la Cámara de Comercio resulta, como mínimo, paradójico. Exigir orden urbano y eliminación de contaminación visual sin un mea culpa del sector privado ni un compromiso real de autorregulación empresarial refuerza la sensación de doble discurso.
Mientras tanto, el Estado —a través del MOPC— sigue exhibiendo una alarmante debilidad institucional, incapaz de sostener políticas públicas en el tiempo, aplicar la ley sin excepciones y proteger tanto la seguridad vial como la imagen del país en una de sus principales puertas de ingreso
