Una vez más, la justicia paraguaya exhibe su benevolencia con policías “gatillo fácil”, dejando en evidencia un patrón sistemático de impunidad que carcome la confianza ciudadana y burla la memoria de las víctimas. Desde el 12 de agosto, el suboficial inspector Augusto Concepción Oviedo Martínez responsable de la ejecución a sangre fría de Alcides de la Cruz Lezcano Ortiz, en Hernandarias, se encuentra cómodamente en su casa bajo arresto domiciliario, gracias a una polémica resolución de un Tribunal de Apelaciones.
La indignación crece porque la medida beneficia a un uniformado cuya responsabilidad en el crimen ya no admite dudas. El contundente informe de pericia balística elaborado por el licenciado Juan Carlos Recalde demuele la versión institucional de la Policía Nacional, que pretendía instalar la hipótesis de un enfrentamiento. El estudio concluye categóricamente que se trató de una ejecución, seguida de una descarada alteración de la escena del crimen.
El peritaje, solicitado por el juez Nelson Ojeda y presentado a través de M&A Consultora, señala que la víctima jamás disparó un arma. La ausencia total de residuos de disparo en sus manos (GSR) descarta de plano la versión policial. El proyectil que ingresó por la mandíbula izquierda y salió por la espalda derecha confirma un disparo frontal y descendente, imposible de producirse en un forcejeo sobre una motocicleta en movimiento, como alegó Oviedo.
El hallazgo más grave es la confirmación de que el revólver calibre 38mm hallado en la mano del fallecido fue implantado tras su muerte. La posición antinatural de los dedos, sumada a la secuencia fotográfica que muestra que inicialmente no había arma alguna en su poder, revela la manipulación burda de la escena. Incluso la motocicleta fue reposicionada, intentando sostener un relato insostenible.
Alcides Lezcano, de 45 años, era un trabajador que esa mañana había dejado a su hija en la escuela y se dirigía a su empleo. Familiares denunciaron que venía siendo víctima de extorsiones policiales por una orden de captura pendiente. “Ya estaba cansado de pagarles. Esta vez no quiso pagar más, y lo mataron”, relató un pariente. Todo apunta a un intento fallido de cobro ilegal que terminó en homicidio.
ESTÁ EN SU CASA
Pese a este cúmulo de pruebas irrefutables, el Tribunal de Apelaciones otorgó el beneficio del arresto domiciliario a Oviedo. Un privilegio que refuerza la percepción ciudadana de que fiscales y jueces son cómplices de un sistema podrido, que protege a policías asesinos en lugar de garantizar justicia para las víctimas. Lo mínimo que correspondería es que el uniformado aguarde su juicio tras las rejas, para luego recibir la condena ejemplar que amerita.
POLICÍA CORPORATIVA Y BLINDADA
Este caso evidencia, además, la protección institucional a policías criminales. Basta recordar a los 11 policías que ejecutaron a una pareja en 2022 y que hoy, lejos de enfrentar un castigo, están libres y en su mayoría trabajando en la fuerza. A esto se suman más de 50 agentes procesados por diversos delitos, que continúan uniformados y con acceso a armas, en una burla a la justicia y a la sociedad. Otro ejemplo escandaloso fue el reciente feminicidio y filicidio en Presidente Franco, donde el autor ya había sido denunciado repetidamente por su pareja, pero en la subcomisaría 12ª ocultaron los informes, protegiendo a su camarada hasta que el desenlace fatal ocurrió.
Estos policías «gatillo fácil» son sostenidos por un círculo de impunidad compuesto por fiscales complacientes, jueces que dictan resoluciones benevolentes y jefes policiales que, en lugar de apartar a los procesados, los mantienen en funciones. Este blindaje erosiona cualquier esfuerzo por construir una institución policial respetuosa de los derechos humanos y en sintonía con el mandato constitucional de proteger a la ciudadanía.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
