El empresario Oscar “Melli” González estaría derrochando una fortuna, en el marco de su campaña proselitista para llegar a la intendencia de Hernandarias.
Campaña del empresario Óscar “Melli” despierta dudas sobre el financiamiento
El financiamiento político vuelve a quedar bajo la lupa en el inicio del proceso electoral en Alto Paraná, ante el despliegue de campañas millonarias sin respaldo económico visible. En Hernandarias, la precandidatura del empresario Óscar “Melli” González genera fuertes interrogantes por el origen de los recursos que sostienen su proselitismo. Con un RUC habilitado recién en 2024, causas penales abiertas y un patrimonio de alto valor, su perfil despierta sospechas. Existen denuncias internas de que su candidatura habría sido construida “a platazo limpio”.
El financiamiento político vuelve a instalarse en el centro del debate electoral en Paraguay, especialmente cuando candidatos con escaso historial tributario visible despliegan campañas de alto costo. La ley es clara: todo aspirante a un cargo electivo debe declarar el origen de cada guaraní utilizado en su campaña, a través de la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña y la Declaración de Interés Económico Vinculado, bajo control del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sin embargo, en la práctica, las campañas millonarias sin respaldo económico claro siguen generando fuertes sospechas, particularmente en ciudades del interior.
Uno de los casos que hoy despierta mayor inquietud en Alto Paraná es el del abogado y empresario Óscar Martín González Ibarra, conocido como “Melli”, quien lanzó su precandidatura a intendente de Hernandarias por la ANR con un despliegue proselitista llamativo por su volumen económico. Cartelería, estructuras, operaciones políticas, eventos sociales y apoyo territorial configuran una campaña de alto costo, cuyo origen financiero hasta ahora no ha sido explicado públicamente.
La situación se vuelve aún más sensible cuando se contrasta su ostentoso nivel de vida con su escasa trayectoria fiscal documentada. González Ibarra posee una imponente mansión en el Área 6, además de otra residencia en el exclusivo Paraná Country Club, propiedades valuadas en cifras millonarias. Sin embargo, según datos oficiales de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, su Registro Único de Contribuyentes fue habilitado recién el 8 de julio de 2024. Es decir, su existencia formal como contribuyente tiene poco más de un año, un plazo absolutamente insuficiente para justificar el nivel patrimonial que exhibe.
Más llamativo aún resulta que ante la DNIT figure como dedicado a “Actividades Jurídicas”, pese a que no existen registros públicos relevantes de su ejercicio profesional como abogado ni antecedentes visibles de una actividad legal sostenida que explique semejante fortuna. Esta incongruencia alimenta aún más las dudas sobre el verdadero origen de sus recursos.
A ello se suma un historial judicial que tampoco pasa desapercibido. En los registros del Ministerio Público figuran múltiples causas abiertas en su contra en distintas fiscalías de Alto Paraná. En 2015, fue procesado por lesión de confianza y otros delitos en Ciudad del Este, causa que sigue sin resolución definitiva. En 2017, fue procesado por amenaza, también en la capital departamental. En 2020, aparece vinculado a un proceso por delito a determinar en Presidente Franco. Y en 2024 se abrió una nueva causa, nuevamente por delito a determinar, en otra unidad fiscal de Ciudad del Este. Lejos de tratarse de episodios del pasado, los procesos llegan hasta el presente, en paralelo a su incursión política.
Dentro de la propia estructura colorada de Hernandarias, las versiones tampoco son favorables. Dirigentes locales denuncian, bajo reserva de identidad, que su precandidatura fue asegurada “a platazo limpio”, mediante la compra de lealtades, el financiamiento de dirigentes barriales y la neutralización de adversarios internos. Aseguran que el volumen de recursos utilizados por González Ibarra supera ampliamente al de cualquier otro aspirante, lo que vuelve a chocar con su débil sustento fiscal formal.
Mientras la ley prohíbe expresamente que campañas políticas sean financiadas con aportes extranjeros, dinero de personas condenadas por delitos graves, recursos del contrabando, del narcotráfico o de empresas vinculadas a actividades ilícitas, el caso de González Ibarra vuelve a dejar sobre la mesa un gran interrogante: quién financia realmente su campaña y si los recursos se ajustan a las exigencias legales del TSJE.
