Conductores denunciaron demoras de hasta media hora este fin de semana en el puesto de cobro del km 26, en Minga Guazú, donde apenas la mitad de las casetas estuvo habilitada. El caso llamó especial atención debido a los eventos desarrollados el fin de semana último, como la Expo Yguazú y el Campeonato Mundial de Rally, en Itapúa. La situación reavivó las quejas por los constantes aumentos de tarifa y el deterioro del tramo concesionado al consorcio Tape Porã.
El paso por el peaje de Tape Porã, en el km 26, se convirtió el fin de semana último en un verdadero calvario para los automovilistas. A pesar del intenso flujo vehicular, la concesionaria solo habilitó la mitad de las casetas de cobro, lo que derivó en largas filas y esperas de hasta 30 minutos para atravesar el puesto, según denunciaron los usuarios.
Las quejas se multiplicaron en redes sociales, donde los conductores no solo reprocharon la lentitud del cobro, sino también el mal estado de la ruta concesionada. “Pagamos más caro, pero seguimos con baches, poca iluminación y sin colectoras. Es un abuso”, reclamó un automovilista.
La indignación ciudadana se acentuó tras el reciente reajuste de tarifas. Desde julio, los vehículos livianos pagan G. 19.000, frente a los G. 18.000 anteriores. Se trata del segundo aumento del año, que también elevó el peaje de motocicletas a G. 8.000 y el de camiones pesados a entre G. 56.000 y G. 74.000.
Tape Porã justifica el incremento alegando que es necesario para “asegurar la sostenibilidad y eficiencia del sistema vial”. Sin embargo, en puntos críticos como Minga Guazú, Juan L. Mallorquín y J. Eulogio Estigarribia, las denuncias de baches, escasa señalización y falta de mantenimiento son constantes.
Incluso, autoridades locales, como el intendente de Minga Guazú, Diego Ríos, manifestaron su repudio. “El peaje del km 25 divide el municipio y obliga a los ciudadanos a pagar diariamente para trabajar, estudiar o ir al hospital. Exigimos libre circulación, como ocurre en otras ciudades”, señaló.
Las críticas al servicio se suman al polémico contrato de concesión de Tape Porã, extendido hasta el año 2053 durante el gobierno de Horacio Cartes. La prórroga, realizada sin licitación pública, fue calificada como ilegal por legisladores del Frente Guasu, quienes denunciaron que violó la Ley de Concesiones.
El caso generó sospechas de conflicto de intereses, ya que en aquel momento Cartes figuraba como accionista mayoritario de Jiménez Gaona y Lima S.A., firma vinculada a Conempa, principal accionista de Tape Porã. La estructura accionaria se completa con Tecnoedil (15%), Emprendimientos & Concesiones (15%), Constructora Acaray (10%) e Inversiones Ocho (10%). Si bien la empresa niega vínculos con el expresidente, nunca aclaró con transparencia la relación de su principal accionista con la firma ligada al grupo empresarial de Cartes.
Otra polémica es la instalación de estaciones de servicio del Grupo Bahía bajo la marca Integral, en puntos estratégicos del corredor vial, como en Pastoreo, Juan L. Mallorquín y el km 11 de Ciudad del Este. Según denuncias, estas obras fueron emplazadas sin procesos de licitación ni expropiación, lo que refuerza las sospechas de connivencia entre la concesionaria, el MOPC y grupos empresariales afines.
Organizaciones ciudadanas y legisladores advierten que Tape Porã se ha convertido en un símbolo del fracaso del modelo de concesiones en Paraguay: tarifas cada vez más altas, obras mínimas, servicios deficientes y contratos prorrogados bajo la sombra de intereses políticos y económicos.
El colapso del puesto de cobro este fin de semana volvió a poner en el centro del debate el papel de Tape Porã. Para los usuarios, la combinación de tarifas elevadas, demoras, rutas deterioradas y una concesión blindada por décadas refleja un modelo en el que los ciudadanos pagan caro por un servicio deficiente, mientras las empresas vinculadas al poder político se aseguran millonarias ganancias.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
