La empresa DOG S.A. es propiedad del capitán Carlos Florenciañez.
Denuncian a DOG SA por años de explotación, impunidad y violaciones sistemáticas a la ley
La denuncia del guardia de seguridad Flaminio Reyes Ayala contra DOG Seguridad Privada S.A., es el retrato descarnado de cómo operan las empresas del rubro. Durante casi una década, ek el mismo trabajó bajo condiciones que estarían violando abiertamente el Código Laboral, los convenios internacionales y los derechos fundamentales más básicos. Su historia evidencia la desprotección absoluta que sufren miles de guardias en el país, un sector precarizado donde la explotación se ha normalizado como si fuera parte “natural” del trabajo.
Reyes Ayala ingresó a la empresa el 2 de octubre de 2013 y fue despedido el 10 de febrero de 2023, acumulando 9 años y 3 meses de servicio. En todo ese tiempo, relata que jamás recibió IPS, siempre cobró solo el salario mínimo, a pesar de cumplir jornadas de 12 horas diarias, no recibió horas extras, bonificaciones, plus de nocturnidad, pago doble por feriados o domingos, ni un solo beneficio adicional. Siempre según el denunciante, lo más grave ocurrió cuando reclamó el pago de sus vacaciones, fue despedido de inmediato. Y para coronar el atropello, no recibió ni un guaraní de liquidación tras casi una década de trabajo continuo.
La empresa, ubicada en el barrio Boquerón II, está bajo el control del capitán (SR) Carlos Florenciáñez y su esposa Gloria Vera de Florenciáñez. Las denuncias por maltratos y abusos laborales han sido históricas, pero nunca prosperan porque, como suele ocurrir en Paraguay, el poder político y los contactos convierten la injusticia en rutina.
Cuando Reyes Ayala fue despedido por pedir una compensación que le correspondía por ley, recurrió al Ministerio de Trabajo. La institución convocó a la empresa a una reunión tripartita. DOG S.A. no se presentó ni una, ni dos, sino tres veces. La única vía que quedó al trabajador fue la judicialización del caso. Sin embargo, lejos de facilitarle el camino, la tragedia personal se agravó cuando su abogada Gladys Arévalo lo abandonó en 2024 sin explicación alguna, dejándolo otra vez a merced de una estructura empresarial diseñada para desgastar, quebrar y desalentar cualquier intento de reclamo.
SECTOR LABORAL HISTÓRICAMENTE GOLPEADO
Este caso individual, por doloroso que sea, es también un espejo de un sector laboral históricamente golpeado y desprotegido. En Paraguay, los guardias de seguridad privada conforman uno de los segmentos más explotados, a pesar de cumplir funciones de alto riesgo y de larga exposición. Las irregularidades son la norma, no la excepción. Las jornadas de 12 horas –o incluso 24 horas continuas– son presentadas como “acuerdos voluntarios”, cuando en realidad se trata de una imposición disfrazada de necesidad laboral. Muchos cobran solo por 8 horas. Otros reciben pagos irregulares, en cheques semanales o con atrasos de meses. El no pago de horas extras es una práctica sistemática. El no pago del plus nocturno, idéntico. La falta de bonificaciones por peligrosidad, también. Y la ausencia de IPS es una de las violaciones más extendidas y criminales: miles de guardias trabajan armados, enfrentan robos, asaltos y agresiones, pero carecen de cobertura médica y previsional, una forma moderna de esclavitud laboral.
A esto se suma la precariedad operacional, guardias sin chalecos antibalas, sin armas reglamentadas, sin equipos básicos, debiendo incluso pagar de su bolsillo uniformes, carnets o supuestos “seguros privados” que no cubren nada. La informalidad, la impunidad y la connivencia entre empresas y autoridades han convertido al rubro en un agujero negro donde la ley solo se cumple en el papel.
