La clausura de la cantera La Roca Negra S.A. en Presidente Franco desató un fuerte cuestionamiento al accionar de la Municipalidad, señalada por adoptar una medida extrema que vulnera la propiedad privada. Lejos de un procedimiento técnico transparente, la decisión es interpretada como una intervención arbitraria, con claros tintes políticos en un año electoral. El propietario denuncia una “confiscación de hecho” y apunta a presiones de sectores irregulares con peso electoral. Mientras tanto, la intendencia habría rechazado incluso percibir la patente comercial, evidenciando una postura dirigida a impedir la operación. La medida, además de controvertida, golpea directamente al empleo y a sectores económicos vinculados a la actividad.
La decisión de la Municipalidad de Presidente Franco de ordenar la suspensión inmediata de la cantera La Roca Negra S.A., mediante la Resolución I.M. nº 2371/26, generó una fuerte controversia que trasciende el plano administrativo y se instala de lleno en el terreno político y económico.
El propietario de la empresa, Miguel Ángel Riquelme, calificó la medida como una “confiscación de hecho” de su propiedad privada, cuestionando duramente la legalidad y el trasfondo de la determinación adoptada por la administración del intendente Roque Godoy (PLRA). “Esto puede interpretarse como la primera confiscación de un gobierno municipal. Los liberales defienden la propiedad privada, no la confiscan. Esto parece más una práctica propia de un modelo comunista”, sostuvo.
Desde la empresa aseguran que la clausura responde más a presiones externas que a fundamentos técnicos o legales. Según Riquelme, la cantera se encuentra actualmente rodeada por asentamientos irregulares, cuyos ocupantes, según afirma, habitan terrenos municipales y ejercen presión constante para obtener algún tipo de compensación económica a cambio de permitir la continuidad de las operaciones.
Por ello, se sospecha que la medida municipal tendría un trasfondo político-electoral. Fuentes fidedignas mencionaron a periodistas de La Clave que estos grupos serían considerados un segmento clave del electorado del clan Godoy Torres, en un escenario donde la diputada Roya Torres busca posicionarse como candidata a la intendencia de Presidente Franco, con miras a suceder a su esposo en el cargo, primero en las internas del PLRA y luego en las elecciones generales de octubre.
“Lo que buscan estos ocupantes es dinero. Y al no conseguirlo, presionan a la Municipalidad para que clausure la empresa. Lo llamativo es que la propia institución ya había rechazado anteriormente cobrar la patente comercial, lo que demuestra una clara intención de impedir nuestro funcionamiento”, lamentó Riquelme.
EMPRESA OPERA LEGALMENTE
El empresario también defendió la legalidad de sus operaciones, señalando que las detonaciones se realizan con una frecuencia de aproximadamente cada siete meses, bajo estrictos controles técnicos. “Es imposible que eso genere un perjuicio real a los vecinos. Todas las explosiones se realizan conforme a protocolos establecidos, con acompañamiento de la Dimabel”, explicó.
Asimismo, aseguró que la firma cuenta con autorización ambiental vigente otorgada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), lo que —a su criterio— respalda plenamente la legalidad de la actividad.
Más allá de la disputa jurídica y política, el cierre de la cantera también tiene un impacto directo en el ámbito laboral y económico. Más de una veintena de trabajadores dependen de forma directa de la empresa, mientras que un número considerable de empleos indirectos —como fleteros, proveedores y empresas vinculadas a obras de empedrado— también se ven afectados por la paralización de las actividades.
