El juez penal de garantías de delitos económicos interino, Osmar Legal Troche, resolvió otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y al coprocesado Francisco Raimundo Arrúa Álvarez. Ambos imputados por el Ministerio Público por presunto desvío de fondos públicos, en la causa n° 13.060/2020.
La resolución fue adoptada luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, oportunidad en que el magistrado analizó los elementos reunidos por la Fiscalía y los argumentos expuestos por las defensas.
Si bien concluyó que existen presupuestos para mantener vigente el proceso penal, consideró que, por el momento, no resultaba necesaria la aplicación de la prisión preventiva, optando por imponer un conjunto de medidas restrictivas destinadas a asegurar la comparecencia de los imputados durante toda la tramitación de la causa.
La investigación está a cargo de los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, Alma Zayas y María Valdez, quienes sostienen que entre marzo y junio de 2020 se habría conformado una estructura destinada a beneficiar irregularmente a determinadas empresas mediante el direccionamiento de procesos licitatorios impulsados por la Municipalidad de Ciudad del Este.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, los contratos públicos habrían sido adjudicados de manera irregular a firmas supuestamente vinculadas al esquema investigado, permitiendo la obtención de beneficios económicos indebidos con recursos pertenecientes a la administración comunal.
La Fiscalía sostiene que dicho mecanismo habría ocasionado un perjuicio patrimonial al municipio, motivo por el cual imputó a los procesados por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, atribuyendo a Miguel Prieto la calidad de coautor.
En su resolución, el juez Legal Troche dispuso que tanto Prieto como Arrúa deberán fijar residencia en los domicilios declarados en el expediente y tendrán prohibido modificarlos sin autorización expresa del juzgado.
Asimismo, deberán mantener activo el número telefónico registrado ante la sede judicial, evitando cualquier cambio que impida su localización durante el desarrollo del proceso. Otra de las obligaciones impuestas consiste en la comparecencia personal ante la secretaría del juzgado entre los días 1 y 10 de cada mes para firmar el libro de asistencia, además de concurrir a todas las convocatorias que sean realizadas por la autoridad judicial o el Ministerio Público. Igualmente, ambos quedaron sujetos a una prohibición de salida del territorio nacional mediante la aplicación de arraigo.
El magistrado también hizo lugar a las cauciones reales ofrecidas por las defensas, consistentes en bienes inmuebles, aunque ordenó simultáneamente trabar embargo preventivo hasta cubrir la suma de G. 500 millones sobre los bienes de cada uno de los imputados.
En consecuencia, las garantías patrimoniales exigidas dentro del proceso alcanzan un total de G. 1.000 millones, monto que busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones procesales y la eventual responsabilidad civil derivada de la investigación.
La decisión judicial representa un nuevo capítulo en una de las causas de mayor repercusión política y judicial vinculadas a la administración de Ciudad del Este.
Aunque los imputados evitaron la prisión preventiva, el proceso penal continúa su curso y el Ministerio Público deberá profundizar la producción de pruebas para sustentar la acusación sobre el presunto esquema de corrupción y desvío de fondos públicos que habría operado durante el periodo investigado.
Con las medidas cautelares ya impuestas, Miguel Prieto y Francisco Arrúa permanecerán en libertad, mientras avanza la investigación.
