Los controles policiales en Ciudad del Este y municipios vecinos, como Presidente Franco y Hernandarias, se convirtieron en un mecanismo de atropello a los derechos ciudadanos antes que en una herramienta efectiva de seguridad. A diario, agentes de la Policía Nacional instalan retenes en avenidas principales del microcentro y en barrios periféricos, como San Miguel y Remansito, sin respetar las disposiciones establecidas por el Ministerio del Interior. Lo que debería ser un procedimiento para garantizar el orden y la seguridad, se convierte en un foco de abuso de autoridad y extorsión.
Uno de los aspectos más graves de estos controles es la manera en que los efectivos policiales llevan a cabo los procedimientos. Sin orden judicial ni indicios claros de irregularidades, requisan personas y vehículos sin justificación válida, imponiendo su autoridad de manera arbitraria. A esto se suma el maltrato verbal y la actitud prepotente contra ciudadanos que exigen el respeto de sus derechos.
La normativa vigente establece requisitos claros para la instalación de estos retenes. Según la ley, cada operativo debe contar con al menos diez agentes, patrulleras identificadas, equipamiento adecuado (mangas y cintas reflectivas, conos, chalecos antibalas, linternas, silbatos) y comunicación vía radio con la central de la Policía Nacional. Sin embargo, en la práctica, los controles suelen realizarse con una dotación mínima de efectivos y sin los protocolos adecuados, lo que da pie a irregularidades y abusos.
De acuerdo con el Código Procesal Penal, la inspección de vehículos solo puede realizarse cuando existen indicios concretos de que en el interior del rodado se encuentran elementos vinculados a un hecho punible. Además, esta inspección debe llevarse a cabo en presencia del propietario del vehículo y con testigos hábiles. No obstante, en Ciudad del Este, es común ver a los uniformados forzando inspecciones sin ningún fundamento legal, vulnerando los derechos de los conductores.
En el caso de las requisas personales, la situación es aún más preocupante. La ley exige que se realicen únicamente cuando haya motivos suficientes para suponer que la persona oculta objetos relacionados con un delito, y que se haga con testigos imparciales. Lejos de cumplir con estos preceptos, los agentes policiales detienen arbitrariamente a ciudadanos con el pretexto de una “actitud sospechosa”, sin prueba alguna, y sin el más mínimo respeto al debido proceso.
EL ABUSO COMO NORMA
Otro aspecto alarmante es el maltrato verbal y la intimidación que sufren los ciudadanos durante estos controles. Quienes exigen explicaciones sobre los procedimientos o intentan hacer valer sus derechos son inmediatamente hostigados por los uniformados. En algunos casos, se ha denunciado la exigencia de sumas de dinero para evitar mayores inconvenientes, lo que transforma estos operativos en meros actos de extorsión.
La Constitución Nacional establece con claridad que ninguna persona puede ser detenida sin una orden judicial o sin ser sorprendida en flagrante delito. La detención por simple “sospecha” sin pruebas es un acto arbitrario que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, la Policía Nacional sigue aplicando estas prácticas ilegales, que pocas veces es denunciada por temor de los ciudadanos.
Es imperativo que el Ministerio del Interior y la Dirección de Policía del Alto Paraná tomen cartas en el asunto para erradicar estos atropellos. No se puede permitir que, bajo el pretexto de garantizar la seguridad, se vulneren los derechos de la ciudadanía. La seguridad debe estar basada en el respeto a la ley y a las garantías individuales, y no en el abuso de poder.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
