Otra denuncia de extorsión presentada la semana pasada puso nuevamente en la mira a la Patrulla Caminera en Alto Paraná, institución que desde hace dos años está bajo la dirección regional del cuestionado inspector mayor Ramón Torres. Su permanencia en el cargo, pese a los múltiples cuestionamientos y escándalos, se explica en la férrea protección que recibe de la cúpula, encabezada por el director general Eutacio Ignacio González, y que —según versiones— llega hasta la ministra del MOPC, Claudia Centurión, e incluso al propio presidente de la República, Santiago Peña, dentro de un esquema de recaudación paralela.
El último episodio salió a luz el 17 de setiembre, cuando una pareja de brasileños denunció haber sido víctima de coima en la Ruta PY02, a la altura del km 67, en Juan León Mallorquín. Los inspectores, conocidos popularmente como “zorros”, exigieron G. 2.000.000 por un supuesto exceso de velocidad. Al no contar con esa suma, los extranjeros entregaron R$ 2.000 y G. 242.000 en efectivo. Todo ocurrió sin boleta, sin acta y con la promesa de “pasar sin problemas” por otros puestos de control.
El caso ya está en manos del Ministerio Público, pero difícilmente avance hacia una sanción real: se trata de un patrón de conducta ya conocido, donde los agentes de la Caminera tienen como blanco predilecto a conductores con chapa extranjera. Detienen, inventan infracciones y cobran coimas en efectivo. Parte de lo recaudado sube en sobres a la cadena de mando, consolidando un sistema mafioso de ingresos ilegales.
“JEFE REGIONAL INTOCABLE”
Ramón Torres es señalado por fuentes internas como el verdadero cerebro de este esquema. Su poder no radica en su capacidad de gestión, sino en la recaudación que garantiza a sus superiores. Por ello, pese a sus constantes desatinos, sigue al frente de la Coordinación Regional nº 3. La palabra que más se repite entre funcionarios y usuarios de las rutas es clara: “intocable”.
En gobiernos anteriores, ante la más mínima sospecha de corrupción, los directores regionales de la Caminera eran removidos de inmediato. Sin embargo, Torres lleva ya dos años en funciones, blindado por el respaldo político de la cúpula, a pesar de los múltiples cuestionamientos en su contra.
El respaldo proviene directamente del director general de la Patrulla Caminera, Ignacio González, quien lejos de removerlo, lo blinda. La lógica es simple: mientras la recaudación fluya, los cuestionamientos quedan archivados.
La ineficiencia de Torres se refleja también en la caótica situación de la Ruta PY02 en Ciudad del Este, donde la doble fila de camiones se ha vuelto la regla y no la excepción. El tramo comprendido entre el km 7 y la rotonda Oasis es un calvario diario: embotellamientos, choques, accidentes fatales.
Ante esta situación, el fiscal Alcides Giménez Zorrilla incluso había intimado formalmente a Torres, mediante la nota nº 866 del 3 de junio de 2025, a aplicar la Ley n nº 5016/14 que prohíbe estacionar en doble fila. Sin embargo, el jefe regional desoyó la orden, demostrando una vez más que la seguridad vial y la vida de los ciudadanos son irrelevantes frente al negocio de la recaudación.
Torres también es recordado por episodios bochornosos, como la prohibición a los bomberos voluntarios de Minga Guazú de realizar su colecta anual en setiembre del año pasado. Los voluntarios buscaban recursos para solventar gastos operativos, pero fueron desalojados de la ruta por orden directa del jefe caminero. Solo tras la presión pública y la intervención de “órdenes superiores”, los bomberos pudieron reanudar la colecta. Torres jamás fue sancionado por esta medida arbitraria.
Su historial incluye denuncias de corrupción, operativos sin sentido y una permisividad total hacia los ilícitos cometidos por sus subordinados. Los agentes bajo su mando replican el mismo modus operandi: hostigar a los conductores, inventar faltas y quedarse con el dinero en efectivo.
La Patrulla Caminera en Alto Paraná, en vez de ser garante de la seguridad vial, se ha convertido en un organismo dedicado a la extorsión. El caso de los brasileños es apenas una muestra más de un sistema enquistado, que funciona con absoluta impunidad bajo la venia de sus superiores.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
