El reciente operativo de traslado de internos desde la cárcel regional de Ciudad del Este al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, impulsado por el Ministerio de Justicia bajo el nombre de “Operativo Umbral”, ha generado serias dudas y cuestionamientos por parte de familiares de algunos internos, debido a supuestas irregularidades en la selección de los reclusos trasladados.
Según las versiones iniciales del propio Ministerio de Justicia, el traslado incluiría exclusivamente a personas con condenas de perfiles altos, medianos y bajos. Sin embargo, llamativamente, algunos internos que fueron señalados públicamente por gozar de privilegios dentro del penal no fueron removidos y continúan recluidos en la cárcel regional sin mayores molestias, ni siquiera entraron a verificar la celda donde se encontraban.
Uno de los nombres que genera más indignación es el del ciudadano libanés Ali Fouani, condenado a 14 años de prisión por la brutal tortura contra su hijastro de apenas un año. El menor había sufrido fractura de costilla y quemaduras en sus manos, presumiéndose que el hombre apagaba cigarrillos sobre ellas.
Fouani fue anteriormente trasladado a la penitenciaría de Coronel Oviedo, luego de que se descubriera que actuaba como uno de los principales distribuidores de drogas dentro del penal regional. Sin embargo, de forma sorpresiva y sin explicación oficial, regresó nuevamente a la cárcel de Ciudad del Este. Incluso, según versiones, figuraba en la lista de trasladados, pero su nombre fue retirado en el último momento, supuestamente por presiones internas.
Fuentes penitenciarias afirman que el traslado del libanés fue “negociado” en altas esferas, con el respaldo de un grupo de guardiacárceles que serían sus aliados en el lucrativo negocio del tráfico de drogas y alcohol dentro del penal.
Según denuncias internas, la venta de estupefacientes y bebidas alcohólicas dentro del penal regional mueve mensualmente millones de guaraníes, en una estructura mafiosa compuesta por reclusos, guardias e incluso funcionarios con poder de decisión.
Mientras se habla de una reforma penitenciaria y de un sistema más justo, la ciudadanía cuestiona la falta de transparencia y exige explicaciones sobre los criterios utilizados en los traslados, especialmente cuando casos tan graves como el de Ali Fouani siguen sin ser abordados con el rigor que merecen por parte de las autoridades.
El Ministro de Justicia Rodrigo Nicora, al ser consultado sobre los criterios utilizados para los trasladados, evitó responder a los periodistas.
FUENTE: DIARIO VANGUARDIA
