Milner Amir Brítez Galeano, alias «AR15», presunto integrante del PCC y supuesto cabecilla de una banda de asaltantes, puesto en libertad por la justicia.
La justicia libera a peligrosos criminales, generando controversia y fuertes críticas
La reciente concesión de prisión domiciliaria a temibles delincuentes imputados por delitos graves como tentativa de homicidio contra agentes policiales, ha reavivado una polémica recurrente en el sistema judicial del Alto Paraná, ¿dónde está el límite entre las garantías procesales y la protección a la ciudadanía? El Juzgado Penal a cargo de la jueza Paola Nagele, a pedido del Ministerio Público, otorgó sobreseimiento provisional con arresto domiciliario a Rolando Ezequiel Palacios Medina (33) y Reinaldo Gamarra Irala (42), ambos detenidos en febrero pasado tras un violento enfrentamiento armado con personal policial en el Km 10 Monday.
Según el expediente judicial, el 3 de febrero de 2025, alrededor de las 11:00 horas, Palacios y Gamarra circulaban en actitud sospechosa a bordo de una camioneta Jeep, con placa AAKH 811, en el microcentro de Ciudad del Este. Al ser interceptados por agentes de la Motorizada de la Policía Nacional en la Av. San Blas, los ocupantes del vehículo embistieron a los uniformados, desencadenando una persecución.
Durante la huida, según consta en la investigación fiscal, los imputados habrían efectuado disparos contra los policías que los perseguían. Al llegar al Km 10 Monday, los sospechosos descendieron del vehículo y huyeron hacia un baldío, donde abandonaron un fusil calibre 5.56mm y una pistola sin número de serie visible.
Los suboficiales Derlis Cabrera, Joel Rojas, Ronaldo Rodríguez y Jesús Díaz se vieron obligados a refugiarse detrás de vehículos y columnas del tendido eléctrico durante el intercambio de disparos. Palacios portaba una pistola calibre 9mm cuando fue detenido junto con Gamarra, mientras otros ocupantes del vehículo lograron escapar. Por estos hechos, el fiscal Carlos Almada imputó a ambos detenidos por tentativa de homicidio doloso, resistencia, asociación criminal y transgresión de la Ley de Armas, solicitando inicialmente prisión preventiva.
Para los miembros de la Policía Nacional que participaron del operativo, la decisión judicial representa una contradicción difícil de asimilar. Los agentes que arriesgaron su integridad física durante el enfrentamiento expresaron su molestia, considerando que la medida minimiza la gravedad de los hechos y envía un mensaje ambiguo sobre el valor de su trabajo. «Pusimos en riesgo nuestras vidas. Hay evidencias concretas: armas incautadas, testigos, el enfrentamiento documentado. Y ahora están en sus casas», comentó extraoficialmente uno de los policías involucrados en el operativo.
Varios profesionales del derecho consultados presentan visiones contrastantes sobre estas decisiones. Por un lado, algunos abogados defensores argumentan que el sobreseimiento provisional y la prisión domiciliaria son herramientas procesales legítimas contempladas en el Código Procesal Penal paraguayo, aplicables cuando se considera que no existe riesgo de fuga ni de obstrucción a la investigación.
Sin embargo, otros juristas cuestionan con dureza la aplicación de estos beneficios en casos de alta gravedad. «Estamos hablando de personas imputadas por intentar matar a policías, con armas de guerra incautadas. ¿Qué mensaje se envía a la sociedad cuando estos casos reciben tratamiento domiciliario?», planteó un abogado penalista consultado. El debate también incluye la frecuencia con que estas medidas se conceden hacia finales de año, un patrón que genera suspicacias entre sectores de la opinión pública que lo interpretan como respuestas a presiones externas más que a criterios estrictamente técnicos.
“AR15”, OTRO LIBERADO
En mayo de este año, Milner Amir Brítez Galeano, alias «AR 15», presunto integrante del Primer Comando Capital y supuesto cabecilla de una banda de asaltantes, fue detenido en un operativo coordinado por la agente fiscal Cynthia Leiva. Se presume que “AR 15” también participó de la balacera en el Km 10 Monday, sin embargo sería uno de los que lograron escapar.
Durante el allanamiento en su domicilio del barrio Remansito se incautaron dos portafusiles, municiones calibre 38 y 22, un chaleco antibalas y otras evidencias que, según filmaciones de circuito cerrado en poder de la Fiscalía, habrían sido utilizados en un asalto cometido en noviembre de 2024. Brítez fue imputado por homicidio doloso en grado de tentativa y robo agravado.
Sin embargo, ahora la juez Cinthia Garcete, con el beneplácito de la fiscal Cynthia Leiva, le otorgó sobreseimiento provisional y arresto domiciliario, generando nuevamente cuestionamientos sobre los criterios aplicados en casos de alta peligrosidad.
En el escenario judicial del Alto Paraná, el nombre de la jueza penal de garantías Cinthia Garcete aparece recurrentemente vinculado a decisiones controvertidas. Señalada por gremios de abogados locales como una de las magistradas más cuestionadas de la región, Garcete acumula un historial de resoluciones que han generado denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Corte Suprema de Justicia.
Pese a las múltiples denuncias presentadas ante el JEM, ninguna ha prosperado en sanciones contra la magistrada. Fuentes del foro de abogados locales señalan que Garcete contaría con el respaldo político del ministro superintendente del Alto Paraná, César Diesel, miembro de la Corte Suprema de Justicia, lo que explicaría la sistemática desestimación de los cuestionamientos en su contra. Paradójicamente, lejos de ser apartada de la magistratura, Garcete incluso se postuló para integrar el nuevo Tribunal de Apelaciones Penal del Alto Paraná, lo que generó indignación en sectores profesionales que consideran que debería estar siendo investigada, no ascendida.
La agente fiscal Cynthia Leiva Cardozo también enfrenta cuestionamientos por decisiones que han generado polémica. En septiembre de este año, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados anunció que la investigará de oficio por ordenar la detención del suboficial Gustavo Salinas, quien en cumplimiento de su deber abatió al delincuente Jorge Rolando Cardozo Jara, alias «Wifi», en un tiroteo ocurrido en Ciudad del Este.
El hecho ocurrió en el barrio Ciudad Nueva, cuando un trabajador cambista fue atacado por seis delincuentes fuertemente armados. Salinas repelió a los asaltantes, frustró el atraco y en la persecución cayó abatido Cardozo Jara, quien portaba uniforme similar al policial, un fusil y una pistola 9mm. El operativo permitió incautar armas de grueso calibre y recuperar una camioneta Chevrolet Tracker con matrícula adulterada. Sin embargo, Leiva dispuso la detención preventiva de Salinas y lo convocó a declarar como indagado, generando repudio masivo en redes sociales, donde miles de usuarios acusaron a la fiscala de «criminalizar el cumplimiento del deber».
La fiscal ya había sido denunciada anteriormente ante el JEM por presunto mal desempeño de funciones, en una causa donde se le acusaba de comunicar tardíamente inicios de investigaciones y de incurrir en mora procesal. Aunque esa denuncia fue archivada, el antecedente resurge ahora en el contexto de las nuevas controversias.
