Una grave denuncia penal fue presentada ante el Ministerio Público contra el defensor público de Hernandarias, Marcos Antonio Riveros. La acción fue promovida por Mercedes Visitación Saldívar Frutos, quien lo acusa del delito de prevaricato, ya que, gracias a su temeraria acción, perdió la custodia de sus dos hijos menores, entregándolos a su padre sin respaldo judicial ni evaluación profesional y, peor aún, sin la intervención de un juez competente.
Según la denuncia, el 17 de septiembre de este año, el padre de los menores, Abel David Mendoza Peralta, compareció ante el defensor público y presentó una denuncia contra la madre, alegando que sus hijos estaban siendo maltratados psicológicamente. Entre sus afirmaciones, señaló que la madre le hacía barrer al hijo de 10 años y que la hija de 14 preparaba el desayuno. También mencionó, sin documentos que lo acrediten, que la niña se encontraba en un estado depresivo, pero nuevamente no presentó ningún informe médico ni psicológico para sustentar esas acusaciones.
Pese a la falta de pruebas, el defensor citó a la madre para el día siguiente. En esa audiencia, según relata Saldívar, no se le informó que tenía derecho a presentarse con un abogado y tampoco se le ofreció tiempo para buscar asesoramiento. Aun así, el defensor le comunicó que se resolvía, de forma provisional, que los menores pasarían a vivir con el padre hasta tanto se “dilucide la situación real”.
La mujer sostiene que esa decisión es gravísima, ya que ningún defensor público tiene facultades jurisdiccionales para otorgar un régimen de convivencia. Según explica, esta atribución le corresponde exclusivamente a un juez de la Niñez y Adolescencia, tal como lo establece la Ley 6486/19. La normativa sí permite adoptar medidas urgentes en casos que lo ameriten, pero siempre con una justificación clara, evidencia mínima o informes técnicos, elementos que en este caso no existían.
Para la denunciante, lo ocurrido representa una violación al derecho a la defensa, garantizado por la Constitución Nacional. Asegura que fue despojada de sus hijos por una simple denuncia, sin pruebas, sin evaluación psicológica y sin la intervención del juzgado competente. Añade que fue desalojada de su propia vivienda, que compartía con los niños, y que hoy debe ingresar a su casa por la propiedad de un vecino, ya que el acceso principal fue cerrado con cemento.
La afectada también alerta sobre un posible negociado que estaría ocurriendo dentro de la Defensoría Pública. Según sus palabras, se estaría utilizando este organismo como un atajo para que padres u otras personas puedan obtener la tenencia de menores en plazos muy cortos, sin pasar por el proceso judicial regular, lo que podría abrir la puerta a abusos y decisiones arbitrarias. Considera que este accionar no podría explicarse sin una intención de favorecer a la otra parte, lo que configuraría prevaricato según el artículo 305 del Código Penal.
La denunciante solicita que la investigación quede a cargo de un fiscal de Ciudad del Este para garantizar imparcialidad, ya que el funcionario denunciado trabaja en la ciudad de Hernandarias. También pidió una auditoría interna en la oficina del defensor denunciado, ante la sospecha de que podrían existir otros casos con decisiones similares.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
