Fiscal Luis Trinidad, de muy cuestionada actuación en el caso.
Fiscal Luis Trinidad protege a presunto estafador y persigue a comerciante libanés
Un empresario libanés de Ciudad del Este es víctima de un grave esquema de estafa y manipulación judicial, tras comprar una camioneta al contado y ser luego investigado penalmente por exigir la transferencia del vehículo. La maniobra fraudulenta y criminal habría sido orquestada por Francisco Abel Castiñeira, un presunto estafador con frondosos antecedentes; con participación de una escribana, testaferros y el aparente aval de sectores de la Fiscalía y la Policía Nacional. El fiscal Luis Trinidad es duramente cuestionado por dar trámite exprés a la denuncia sin sustento, ignorando documentos clave. Incluso, el vehículo fue transferido a otra persona, dos días antes de presentarse la denuncia, y hoy está marcado como robado en el sistema policial, pese a existir contrato y pago total. El caso expone el uso del Ministerio Público como garrote procesal en un conflicto civil.
Un grave caso de presunta estafa, manipulación fiscal y uso irregular del aparato estatal sacude a Ciudad del Este, teniendo como víctima directa a un empresario libanés, quien pese a haber comprado un vehículo de buena fe y pagado al contado, hoy se encuentra perseguido penalmente, mientras el verdadero estafador logra invertir los roles con la aparente complicidad de sectores de la Fiscalía y la Policía Nacional.
El caso tiene como protagonista central a Francisco Abel Castiñeira, un hombre con frondosos antecedentes por hechos similares, quien lejos de cumplir sus obligaciones contractuales, habría montado un esquema delictivo para evitar transferir un vehículo ya cobrado, recurriendo a una denuncia penal infundada como mecanismo de presión.
En julio de 2025, el empresario libanés Salem Mohamad Ismail adquirió una camioneta Dodge RAM, año 2019, por USD 25.000 (unos G. 170 millones), pagados íntegramente al contado, extremo que consta de manera clara y expresa en el contrato privado de compra–venta, documento que incluso sirve como suficiente carta de recibo.
La operación se realizó de buena fe, sin embargo, una vez concretado el pago, Francisco Castiñeira comenzó a negarse sistemáticamente a transferir el vehículo, rehusándose a realizar la escritura pública pese a los reiterados reclamos del comprador. Ante esta situación, y agotadas todas las instancias extrajudiciales, Salem Ismail promovió una demanda civil por obligación de hacer escritura pública, la vía legal correcta cuando el vendedor incumple la transferencia de un bien ya pagado.
Lo que ocurrió después resulta, cuanto menos, alarmante. Dos días después de presentada la demanda civil, Francisco Castiñeira denuncia penalmente a Salem Ismail por estafa, en una maniobra que abogados califican como burda, temeraria y carente de todo sustento jurídico.
El escándalo se agrava cuando se constata que el vehículo ya había sido transferido, en fecha 15 de diciembre de 2025, dos días antes de presentarse la denuncia por estafa, a nombre de un supuesto testaferro, identificado como Martín Samuel Cáceres Mercado, un joven de 24 años del barrio San Isidro. Esta transferencia se realizó en la escribanía de Rogelia Vicenta Zarza, una “profesional” con muchos antecedentes negativos.
Según mencionaron abogados consultados, la situación legal de dominio de los vehículos tiene que verificarse primero antes de hacerse una nueva transferencia, pero en este caso, se ignoró por completo que la camioneta estaba en poder de otra persona, que lo había adquirido legalmente. De acuerdo a los datos, la escribana incluso llevó su escritura pública para la firma hasta Encarnación, donde firmó la transferencia el ex jugador de la selección paraguaya Víctor Hugo Ayala a favor de Cáceres Mercado. Con esto, los autores y cómplices de la estafa cometieron diversos hechos punibles, que deberán ser investigados por el Ministerio Público, explicaron nuestras fuentes.
Para rematar, la Policía Nacional hizo figurar la camioneta como “robada” en su sistema Quantum, una calificación totalmente ajena a la realidad del caso. No se trata de un robo, no existe denuncia de sustracción, además existe un contrato de compra-venta donde consta el pago al contado.
PREOCUPANTE ACTUACIÓN FISCAL
Sin embargo, el giro más preocupante del caso aparece en la actuación del polémico y cuestionado fiscal Luis Alberto Trinidad, titular de la Unidad Penal Nº 4. Llama poderosamente la atención la inusitada celeridad con la que dio trámite a la denuncia de Castiñeira.
De acuerdo a los antecedentes, el fiscal no convocó al denunciante a ratificar su denuncia, ignoró el contrato privado donde consta el pago al contado y que irónicamente fue presentado por el propio denunciante, no analizó el trasfondo civil del conflicto, ya judicializado, pero sí en el acto libró oficios de búsqueda y localización del vehículo. Todo esto, pese a que la controversia se encuentra sub judice en el Juzgado Civil de Primera Instancia del 5º Turno, a cargo de la jueza Gabriela Ramírez, donde corresponde dirimir la cuestión. Abogados del foro coinciden en que el Ministerio Público está siendo utilizado como garrote procesal, en una clara muestra de instrumentalización penal de un conflicto civil.
Aun así, en lugar de remitir el caso al Departamento de Control de Automotores, que es la instancia técnica competente, el fiscal Trinidad envió oficios al Comando Tripartito, activando incluso mecanismos de cooperación internacional para buscar el vehículo en Foz de Iguazú, como si se tratara de un hecho criminal transnacional.
