Empresas ligadas al oficialismo colorado acaparan millonarios contratos pese a cuestionamientos por alimentos en mal estado, mientras los productores locales siguen excluidos del plan estatal. En el Alto Paraná, cerca de 701 instituciones educativas distribuidas en los 22 distritos reciben actualmente el almuerzo escolar como parte del programa “Hambre Cero”, implementado por el Ministerio de Educación y Ciencias y ejecutado en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y la Gobernación. A pesar del discurso oficial que celebra la cobertura total y el impacto del programa, diversas denuncias empañan su aplicación en terreno, particularmente en lo que respecta a la calidad de los alimentos y a las empresas adjudicadas para la provisión.
En total, 11 empresas son responsables de distribuir los alimentos en las escuelas del departamento: FASV S.A., Consorcio Vedij, Ladero Paraguayo, Copacabana, Maná, Fitra, Altair, Comepar, Distrisur, Charlot y Distribuidora Paraguay. Sin embargo, al menos tres de estas firmas —FASV, Copacabana y Maná— ya arrastran antecedentes preocupantes relacionados con corrupción, sobrefacturaciones, entrega de alimentos en mal estado y contratos adjudicados de forma sospechosa. Todas ellas, además, están estrechamente ligadas a figuras del Partido Colorado, muchas veces operadas directamente por seccionaleros o personas vinculadas a estructuras de poder político.
Anteriormente, estas empresas operaban con contratos directos con las municipalidades y la gobernación del departamento. Con el nuevo esquema del Gobierno Nacional, pasaron a trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social, bajo el paraguas del plan “Hambre Cero”. Pero lo que no cambió fue la naturaleza de los vínculos políticos ni las denuncias por corrupción.
Tan pronto arrancó el año lectivo 2025 y con ello la implementación del programa, comenzaron a circular las primeras denuncias sobre la entrega de alimentos en mal estado y en condiciones sanitarias alarmantes. Copacabana S.A. y FASV Import-Export, en particular, están en el centro de la controversia por reiteradas irregularidades.
Una de las denuncias más graves provino de la escuela Dr. Jorge Rubén Peña, ubicada en el Km 7 Monday de Presidente Franco, donde docentes reportaron que la empresa Copacabana entregó frutas y verduras podridas, sin refrigeración y apenas envueltas en bolsas plásticas arrojadas al suelo de la precaria cocina de la escuela. Hechos similares fueron reportados en la escuela indígena Alfredo Plá, también en Franco, y en la Escuela Básica Nº 6812, ubicada en la comunidad indígena de Puerto Flores, donde se denunció la entrega de alimentos en mal estado y almacenados en condiciones insalubres.
La firma Copacabana, cuya propiedad legal figura a nombre de Teófilo Amarilla Silvero, arrastra un largo historial de escándalos. En 2024, en la Escuela Saltos del Monday, padres denunciaron la entrega de hamburguesas semicrudas y alimentos con gusanos, generando una oleada de repudio ciudadano. Sin embargo, el poder político detrás de la empresa le sigue abriendo puertas.
En un episodio anterior, tras denuncias de alimentos contaminados con gusanos y cucarachas, una “inspección” encabezada por la nutricionista Fátima Valiente y el jefe de salubridad Pablo Peña, ambos funcionarios de la Municipalidad de Presidente Franco, concluyó que “todo estaba en orden” y que las instalaciones eran “de primer mundo”. Como era de esperarse, el caso fue archivado sin consecuencias.
La empresa FASV Import-Export, propiedad de la seccionalera colorada Fátima Sartorio, esposa del funcionario de Itaipú Eugenio Méndez, también está bajo fuego. Ha sido reiteradamente señalada por la Contraloría General de la República por entregar alimentos en mal estado y sin medidas básicas de higiene. Pese a estos antecedentes, sigue siendo adjudicada por municipios como Minga Guazú, bajo las administraciones de Digno Caballero y Diego Ríos, así como por el propio intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.
Durante la pandemia, Fasv recibió un contrato de Gs. 1.340 millones para distribuir kits alimenticios en reemplazo del almuerzo escolar. Sin embargo, vecinos denunciaron la entrega de bolsas con alimentos podridos. A esto se suma la denuncia de licitaciones amañadas, lo que refuerza la percepción de un esquema sistemático de corrupción.
Otra firma señalada por corrupción es la empresa unipersonal Panadería Maná, de Isabel Patrona Cabrera Gómez, con sede en Hernandarias. La Contraloría presentó una denuncia por hechos punibles relacionados con daño patrimonial al municipio hernandariense, pero los documentos fueron literalmente cajoneados por el Ministerio Público, que encabeza el fiscal general Emiliano Rolón Fernández. Pese a los reportes oficiales, ni la Fiscalía ni la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas han tomado medidas contra la firma.
PRODUCTORES LOCALES EXCLUIDOS
Mientras tanto, los productores familiares del Alto Paraná reclaman una participación real en el programa. El dirigente Virgilio Ramírez lamentó que hasta la fecha ninguna empresa adjudicada se haya puesto en contacto con ellos, a pesar de que el discurso oficial prometía que el programa favorecería a los productores de la zona.
“Fuimos parte de rondas de negocio y reuniones, pero nunca nos incluyeron. Nos nombraron mucho, pero fue sólo discurso. Hasta ahora no hay nada concreto”, sostuvo Ramírez. Indicó que muchos productores están en condiciones de abastecer una parte significativa de los alimentos requeridos, aunque reconoció que existen limitaciones para cumplir con toda la demanda. “Creemos que podríamos aportar significativamente si se nos diera la oportunidad. El Gobierno aún tiene una deuda pendiente con nosotros”, puntualizó.
FUENTE: DIARIO VANGUARDIA
