La apropiación ilegal de espacios públicos para beneficio privado se ha vuelto una práctica impune en Ciudad del Este, donde grandes empresas “transforman” los paseos centrales y áreas verdes en estacionamientos particulares, deforestando y pavimentando sin control alguno. Todo esto sucede ante la desidia y falta de control del MOPC, el MADES, la Municipalidad y la concesionaria Tape Porã, de acuerdo con las denuncias recibidas en este medio.
En un escandaloso ejemplo de impunidad, grandes empresas ubicadas sobre la Ruta PY02 y la avenida San Blas de Ciudad del Este han tomado por asalto los paseos centrales y espacios verdes públicos, transformándolos en estacionamientos privados. Esta práctica no solo representa una flagrante violación a las normativas vigentes sobre bienes de uso público, sino que también refleja el desinterés absoluto de las instituciones encargadas de velar por el orden y el medio ambiente.
Entre las firmas señaladas por esta práctica ilegal se encuentran Nasser Cubiertas, Agrofértil S.A. y Garden Automotores, además de varias playas de ventas de vehículos, cuyos establecimientos ocupan áreas verdes frente a sus locales, muchas veces con obras de pavimentación incluidas, convirtiendo lo que deberían ser pulmones urbanos en meros patios privados de estacionamiento.
Pese a que estas apropiaciones han sido documentadas y denunciadas reiteradamente por el diario La Clave, con evidencia fotográfica contundente, la Municipalidad de Ciudad del Este, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y la empresa concesionaria Tape Porã, han optado por mirar hacia otro lado. Ninguna de estas entidades ha actuado para detener, verificar o sancionar a los infractores, lo que para muchos constituye una clara complicidad institucional.
Uno de los casos es el de la empresa Agrofértil S.A., que en el kilómetro 6,5 de la Ruta PY02 taló árboles nativos para ampliar su playa de estacionamiento, una acción que motivó brevemente la intervención del Ministerio Público. Sin embargo, la medida fue meramente simbólica, ya que la compañía consiguió continuar con su obra, supuestamente bajo la protección de permisos irregulares. Hoy día, ya ha logrado los permisos correspondientes, habilitando un “estacionamiento público”, pero que en la práctica sirve únicamente a sus clientes y empleados.
El paseo central de la Ruta PY02 y la avenida San Blas se ha convertido en un extenso parqueo irregular al servicio de grandes firmas. Estos espacios, que por ley pertenecen al dominio público y están destinados a áreas verdes, han sido apropiados sin autorización legal válida y, lo que es peor, con el aval tácito –o incluso expreso– de las instituciones involucradas.
Cabe recordar que Tape Porã es la empresa concesionaria de la Ruta PY02 a partir del kilómetro 4, y es por tanto responsable, junto con el MOPC, del mantenimiento y resguardo de estos bienes públicos. Sin embargo, lejos de protegerlos, la concesionaria parece facilitar que se lleven a cabo estas invasiones, permitiendo o tolerando la ocupación de las áreas verdes por empresas privadas.
La legislación vigente establece que ningún bien público puede ser cedido a entidades privadas, salvo en casos excepcionales y para fines de interés general, como ocurre con expropiaciones por causas justificadas. En ningún caso se contempla la ocupación de paseos centrales para habilitar estacionamientos para empresas que generan millones en ganancias sin aportar nada al erario público local por el uso indebido de dichos espacios.
Además, para la habilitación legal de un estacionamiento sobre un área verde se requeriría, mínimamente, la aprobación del MOPC, de Tape Porã, de la Municipalidad de Ciudad del Este y del MADES, especialmente si el proyecto implica la deforestación de árboles nativos, como ocurrió en varios puntos de la ciudad. No obstante, los procedimientos legales han sido ignorados o falsificados, con la complacencia de los organismos responsables.
La situación actual es resultado de un modelo de gestión urbana al servicio del poder económico, donde los intereses de los grandes empresarios prevalecen por encima del derecho ciudadano al uso del espacio público y la protección ambiental. La usurpación de paseos centrales no solo reduce la calidad de vida de la población, sino que también deteriora la imagen de una ciudad que ya carga con el peso de la informalidad y la corrupción.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
