La paciencia de los residentes del barrio Santa Inés de Pdte. Franco llegó a su límite. Tras sufrir daños estructurales en sus viviendas y vivir con el constante peligro de las explosiones de una cantera cercana, los vecinos se están organizando para manifestarse frente a la residencia del intendente Roque Godoy. Acusan a la administración municipal de inacción y de no hacer cumplir una ordenanza que podría poner coto al problema.
La cantera, identificada como Roca Negra, propiedad de Miguel Ángel Riquelme, realiza detonaciones cada seis meses para romper piedras, lo que ya generó fisuras y grietas en numerosas casas. La última explosión registrada este miércoles fue la «gota que colmó el vaso», ya que, según los afectados, cayeron piedras en los patios de sus viviendas, lo que representa un riesgo, especialmente para los niños que asisten a la escuela del barrio.
Según los vecinos, existe una ordenanza municipal que prohíbe el funcionamiento de canteras en zonas pobladas debido a las vibraciones y el tráfico pesado que generan. Sin embargo, afirman que la Municipalidad nunca tomó ninguna medida para hacerla cumplir.
«No queremos soluciones parche», declaró Norma Lugo, una pobladora de la zona. «Estamos juntando gente para llegar hasta la casa de Roque Godoy y escracharle por no velar por nuestros derechos. No queremos que solo reparen nuestras casas, queremos la clausura definitiva de la cantera», remarcó. Agregó que la fecha de la movilización se fijará en los próximos días.
REPARAR DAÑOS
Aunque el propietario de Roca Negra se presentó para ofrecerse a reparar los daños, alegando que su empresa se instaló inclusive antes del crecimiento poblacional, los cerca de 5.000 residentes del barrio insisten en que la única solución viable es el cierre de la cantera.
En su búsqueda de apoyo, los afectados también se acercaron a la Junta Departamental, que ya solicitó informes al municipio sobre las patentes y habilitaciones de la empresa, evidenciando la falta de apoyo que, según ellos, recibieron de las autoridades locales. El “escrache” previsto busca presionar al intendente para que tome medidas definitivas ante un problema que ya afectó la calidad de vida y la seguridad de los pobladores.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
