Una nueva denuncia de nepotismo y tráfico de influencias sacudió a la Junta Municipal de Presidente Franco la semana pasada, dejando en evidencia a concejales que tendrían a parientes directos contratados en la Comuna. El abogado Henry González, quien ya expuso sobrefacturaciones millonarias y compras ficticias bajo la gestión del intendente Roque Godoy, advirtió que el Ministerio Público nunca avanzó en causas anteriores y calificó a la Unidad 3 de la Fiscalía como un “cementerio de denuncias”. Aun así, el denunciante decidió insistir, confiando en que la presión ciudadana y la gravedad del caso obliguen esta vez a una investigación seria. La expectativa es que se rompa con la impunidad y se inicie un proceso que devuelva transparencia a la administración municipal.
Una grave acusación sacudió la última sesión de la Junta Municipal, donde el abogado Henry González, exmiembro de la Contraloría Ciudadana de Franco, denunció públicamente la existencia de una presunta red de nepotismo y tráfico de influencias que involucra a varios concejales. El denunciante sostiene que la Municipalidad se maneja como una “empresa privada” al servicio de familiares y allegados de los propios ediles, lo que explica el silencio cómplice del cuerpo deliberativo frente a las múltiples denuncias que pesan contra el intendente Roque Godoy.
Durante su intervención en audiencia pública, González mencionó con nombres y cargos a varios concejales y sus familiares supuestamente beneficiados con contratos en la comuna. Lucio Vera: su cuñado Roque Germán Cáceres ocupa un cargo clave en el área de licitaciones, que luego son aprobadas por la propia Junta Municipal. Roberto Brizuela: su hermano Aníbal Brizuela figura como administrador del cementerio Santa Rosa, pese a haber sido denunciado por venta irregular de tumbas. Aunque se comunicó su despido, sigue en planilla municipal. Blanca Acuña: su hermana Norma Acuña es asesora externa del intendente con un salario de G. 3.500.000 mensuales.
Jorge Fernández, presidente de la Junta: su esposa está contratada en la comuna franqueña. Se trata de la juez de Faltas Municipales María Luisa Martínez Torales, acorde a la denuncia. Además, González apuntó a parientes del concejal Amelio Garcete, hijos de Roberto Brizuela y allegados de la exconcejal Julia Ferreira —hoy concejal departamental— que también integrarían la nómina municipal. “Es un esquema vergonzoso. La Junta que debería ser contralora se ha convertido en cómplice, porque la mayoría tiene familiares a quienes defender”, denunció González.
El denunciante presentó una acusación formal ante la Fiscalía, aunque reconoció su desconfianza en que prospere. Según relató, en la Unidad 3 del Ministerio Público —a cargo sucesivamente de los fiscales Lolia Zunilda Martínez, Viviana Sánchez, Edgar Benítez y actualmente Alberto Torres— las denuncias anteriores nunca tuvieron avance. “Ni siquiera convocan a declarar a los denunciados. Todo muere en esa unidad. Eso demuestra que existe una rosca gigante de corrupción”, sostuvo.
Al respecto, González fue tajante. “Espero muy poco de la Junta Municipal, porque desde su propio presidente hasta varios miembros tienen intereses familiares en juego. La Municipalidad se administra como un círculo cerrado de parientes y amigos”.
El abogado recordó que no es la primera vez que expone irregularidades en la administración municipal. Entre los casos más escandalosos se encuentran: Sobrefacturación millonaria en la compra de cubiertas para el parque automotor municipal. Documentos oficiales muestran que la comuna llegó a pagar G. 7.700.000 por neumáticos que en el mercado cuestan G. 3.700.000.
Adquisiciones ficticias de materiales de protección por más de G. 320 millones. Según González, los insumos nunca llegaron a los trabajadores de aseo urbano. Contratos a favor de la asesora externa Magdalena Montiel, quien percibió más de G. 700 millones en servicios de asesoría contable y presupuestaria. “Lo grave es que se presenta como contralora en Ciudad del Este, mientras aquí se beneficia del mismo esquema de corrupción que dice combatir”, criticó el denunciante. Para González, estos ejemplos demuestran un patrón sistemático de desvío de recursos, con proveedores recurrentes que actúan como empresas de “ramos generales” al servicio del intendente.
FUENTE: DIARIO VANGUARDIA
