El Ministerio Público solicitó altas condenas, de 17 y 18 años de reclusión para dos falsas monjas, que están procesadas por presunta trata de personas. Las mismas están acusadas de mantener en condiciones de esclavitud y servidumbre a una adolescente de 16 años, a quien habían “reclutado” bajo la promesa de iniciarse en la vida y formación religiosa. Igualmente, la representación fiscal solicitó indemnización para la adolescente.
Se trata de Rufina Salinas Acuña (57) y Olga Bogado Cubas (35), quienes, conforme a la acusación fiscal, bajo amenazas lograban acallar a la víctima, evitando que esta comentara a sus familiares las penurias que vivía diariamente. En el caso de Bogado, la pena solicitada es más alta, atendiendo a que existen circunstancias agravantes, según el alegato fiscal.
El próximo viernes 20 de marzo el tribunal de sentencia especializado en crimen organizado, compuesto por los magistrados María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas darán a conocer el veredicto final, tras cinco meses de debate público.
El viernes pasado, la fiscal Vivian Coronel, de la unidad especializada en la lucha contra la trata de personas y en hechos punibles contra niños y adolescentes en Alto Paraná, expuso sus alegatos finales, solicitando que las acusadas sean condenadas a 17 y 18 años de cárcel, respectivamente.
Según los antecedentes del caso, las acusadas presuntamente captaron a la adolescente bajo engaño, con el pretexto de una supuesta formación religiosa.
La religiosa trucha, Rufina Salinas, se presentaba como madre superiora de la congregación “Hijas de Nuestra Señora de Caacupé”, y así logró embaucar a la joven y a sus familiares, haciéndoles creer que la adolescente ingresaría a un sistema de internado, donde tendría todo tipo de ayuda para iniciar su formación religiosa.
Una de las mujeres retiró a la menor de su hogar en el kilómetro 13 Acaray de Minga Guazú y la trasladó hasta un establecimiento en el kilómetro 14 del mismo distrito, donde funcionaba el supuesto convento de las “Hijas de Nuestra Señora de Caacupé”. En ese lugar, la víctima supuestamente fue sometida a trabajos de servidumbre y maltratos, además de ser obligada a vender pan y pedir limosnas.
Posteriormente, fue trasladada a otro “convento” llamado “Casa de la Reina de la Paz”, ubicado en el barrio Molino de Luque, donde quedó bajo la custodia de la otra acusada.
En ese lugar, la menor sufrió un presumiblemente régimen de servidumbre, trabajos forzados y castigos físicos denigrantes. Los informes relatan agresiones sistemáticas y la obligación de realizar tareas domésticas extenuantes hasta altas horas de la madrugada. Las sindicadas mantuvieron a la víctima incomunicada y le prohibieron retornar con su familia, recurriendo a amenazas constantes para asegurar su control.
El Ministerio Público detectó que las acusadas incluso coaccionaron a la víctima para mentir a sus familiares sobre su situación personal y justificar su permanencia con las supuestas religiosas. Los informes médicos y psicológicos confirman el daño sistemático infligido durante el tiempo que permaneció con las encausadas. Tras la denuncia, la unidad especializada activó los protocolos de protección integral para resguardar a la adolescente.
INDEMNIZACIÓN
Además de la pena de privativa de libertad para las acusadas, la fiscal Vivian Coronel la imposición de una indemnización para la víctima, por un monto a ser establecido por el tribunal, conforme a lo establecido en la Ley 4788/12 “Integral contra la Trata de Personas”.
