Tras muchas denuncias desestimadas, postergaciones y blanqueos, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) finalmente decidió abrir investigación preliminar contra la jueza penal de garantías, Cinthia Garcete. También será investigada su colega Nimia Ávalos, de San Alberto, por presunto cobro de coimas a un asesino confeso. No obstante, hay dudas sobre los resultados de estas investigaciones, ya que el JEM se muestra reacio a sancionar, principalmente a Garcete, quien tendría afinidad con altos exponentes judiciales y se ufana de ser “intocable”.
El JEM resolvió, por mayoría, iniciar una investigación preliminar de oficio contra la jueza penal de garantías del Alto Paraná, Cinthia Garcete, considerada por gremios de abogados como “la peor magistrada del departamento”. La decisión se basa en publicaciones periodísticas del 31 de marzo que denunciaron irregularidades en el levantamiento de órdenes de captura.
La investigación se centra en el auto interlocutorio n° 97 del 29 de enero de 2025, mediante el cual Garcete habría dispuesto la extinción del estado de rebeldía de los procesados Julio César Martínez Chávez y Mirta Antonia Torres Colmán, residentes en España. La jueza ordenó el levantamiento de la orden de captura y la continuidad del procedimiento, presuntamente sin que se cumplieran los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal.
La ministra Alicia Pucheta, quien impulsó la investigación, argumentó que “cada una de las actuaciones jurisdiccionales deben ser adoptadas en estricto apego a las normas relativas a la materia, resultando ello fundamental para el efectivo funcionamiento del servicio de justicia”. Agregó que, tratándose de una investigación de un hecho punible de acción penal pública, existirían indicios de irregularidad que ameritan la intervención del órgano constitucional.
El debate dentro del JEM reflejó diferentes posturas sobre cómo proceder. Pucheta propuso iniciar directamente el enjuiciamiento y solicitar la suspensión de la magistrada, posición respaldada por el presidente del órgano, César Garay. Esta postura considera que la conducta de Garcete se encuadraría en las causales de mal desempeño descritas en los incisos B y G del artículo 14 de la Ley 6814/2021.
Sin embargo, el ministro Manuel Ramírez Candia optó por una investigación preliminar más amplia, argumentando que el JEM solo cuenta con antecedentes periodísticos. “Atendiendo a la gravedad del hecho, la notoriedad, considero que previamente los miembros del Jurado deberíamos tener la información completa para iniciar el enjuiciamiento”, sostuvo. Esta posición fue respaldada por los senadores Derlis Maidana y Mario Varela, los diputados Diego Candia y Alejandro Aguilera, y el consejero Enrique Berni.
La decisión del JEM genera expectativas, pero también escepticismo entre operadores de justicia. En mayo pasado, la propia Pucheta había solicitado suspender el tratamiento de una nueva denuncia contra Garcete, sin fundamentar debidamente su pedido, lo que generó suspicacias inmediatas.
Según fuentes del ámbito jurídico, la jueza Garcete habría gozado históricamente de una fuerte protección por parte de miembros del JEM y de la Corte Suprema de Justicia, lo que la convertiría en una magistrada “servil y funcional” a los intereses de los integrantes de ambos organismos. Esta protección institucional le habría asegurado impunidad ante reiteradas denuncias públicas.
Los antecedentes lo confirman: en al menos diez ocasiones anteriores, denuncias contra Garcete fueron desestimadas sin mayor análisis por el mismo órgano. A pesar de su trayectoria cuestionada, la magistrada incluso aspiró recientemente a un puesto en el nuevo Tribunal de Apelaciones Penal del Alto Paraná.
Entre los casos más controvertidos en la gestión de Garcete figura su decisión de otorgar arresto domiciliario a once policías procesados por un doble homicidio, en un expediente que estuvo rodeado de denuncias de coimas por 150 millones de guaraníes. En 2021, también benefició con arresto domiciliario a un feminicida que asesinó a una adolescente de 17 años, argumentando que no existía riesgo de fuga.
NIMIA AVALOS: COIMAS POR 30 MIL DÓLARES
Paralelamente, el JEM resolvió iniciar una investigación preliminar contra la jueza Nimia Ávalos, magistrada penal de garantías de San Alberto, Alto Paraná, por la liberación de un asesino confeso supuestamente vinculado al narcotráfico.
El caso se originó en marzo último, cuando fue encontrado el cadáver de Freddy Danilo González Benítez (34), expresidiario muerto a golpes y con severas quemaduras en la zona de Mbaracayú. La investigación policial identificó rápidamente como autor a Maicon Rosa Simplicio, quien confesó haber asesinado al hombre porque le debía 500 millones de guaraníes por un negocio de drogas.
El homicida confeso incluso admitió haber intentado incinerar el cuerpo para borrar evidencias. Sin embargo, el pasado 3 de julio, la jueza Ávalos le otorgó prisión domiciliaria tras apenas tres meses de prisión preventiva.
Lo más grave del caso es que el propio procesado habría confesado a personas de su entorno que pagó 30 mil dólares para obtener su libertad, según se supo extraoficialmente. El beneficiado por esta cuestionada decisión judicial había relatado con lujo de detalles cómo cometió el crimen, explicando que su socio le adeudaba dinero por una carga de droga y que al sentirse estafado decidió eliminarlo. La brutalidad del caso y su trasfondo vinculado al narcotráfico habían impactado a la comunidad local. Aunque las investigaciones del JEM representan un avance después de años de impunidad, persisten serias dudas sobre si realmente se busca hacer justicia o simplemente “blanquear” una vez más a estas cuestionadas magistradas.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
