Por tipificaciones de extorsión, extorsión agravada, coacción, coacción grave, amenaza de hechos punibles y asociación criminal, la fiscal especializada antisecuestro imputó ayer a los dos detenidos durante el allanamiento de una vivienda ubicada en la fracción Jardín, del km 16, distrito de Minga Guazú. Estarían investigados igualmente con relación a atracos armados en ruta, contra transportadoras y otros hechos graves.
Según el escrito de imputación presentado por la fiscal Zunilda Ocampos, los directamente involucrados en los hechos serían Juan Ángel Rojas Meza, de 44 años, y Alejandra Raquel Aranda Peloso, de 30, residentes en el lugar del allanamiento. La pareja estuvo investigada a partir de una denuncia presentada en junio del presente año por un trabajador de la firma BRASSUR S.A., con sede en el distrito de Los Cedrales.
Al momento del abordaje, fueron tres los presuntos integrantes de la banda criminal que intimidaron al trabajador de la firma para la entrega del departamento financiero.
30 POR CIENTO
Según la denuncia, los tres desconocidos, dos masculinos y la mujer ahora procesados, interceptaron al funcionario frente a su domicilio exhibiendo armas de fuego, pero sin descender de un automóvil Ractis, presumiblemente incautado durante el allanamiento del lunes. Pidieron movimientos del departamento financiero, vehículos utilizados para mover valores, por lo que ofertaron 30% del botín una vez consumado un asalto.
Dijeron que, de enterarse la Policía o de negarse a colaborar para el hecho delictivo, secuestrarían a algún familiar y que la pasarían “mal”. Entonces, Aranda Peloso habría descendido del vehículo invadiendo el domicilio, supuestamente para ir al sanitario. Insistieron en contar con un informante en el plantel de funcionarios. El objetivo habría sido uno de los proveedores de la firma, según los fundamentos de la imputación.
Durante el allanamiento del domicilio, personal de antisecuestro y de la fiscalía especializada incautó numerosas evidencias relacionadas con un frustrado asalto armado en el departamento de Caaguazú. Los investigadores no descartan que los ahora detenidos y procesados sean la ínfima parte de una banda criminal acostumbrada a perpetrar crímenes graves contra la propiedad de las personas.
La titular de la acción penal dijo que solicitará la pericia en carácter de anticipo jurisdiccional de pruebas a todos los elementos incautados. En razón de la elevada expectativa de pena en concurso de hechos, la agencia fiscal pidió al juzgado que resuelva la prisión preventiva de los encausados.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
