A casi un mes de la denuncia por homicidio culposo presentada tras la muerte de Griselda Acuña Romero (42), el Ministerio Público aún no convocó a declarar a los médicos implicados, ni ordenó la necropsia solicitada por los abogados de la familia. La causa ahora queda en manos de la fiscal Julia González, tras el inicio de las vacaciones del fiscal titular, Osvaldo Zaracho. La inacción fiscal despierta sospechas y fortalece la sensación de impunidad que, según los denunciantes, históricamente protege a los profesionales médicos en Paraguay.
Griselda, madre de dos hijos, falleció el 4 de junio tras someterse a una cirugía de vesícula en el sanatorio privado Manuel Riveros, de Ciudad del Este. La intervención, realizada el 6 de mayo por el Dr. Francisco Ramón Berdejo Bareiro, fue una colecistectomía videolaparoscópica que debía tener una recuperación rápida. Sin embargo, desde el inicio presentó complicaciones que habrían sido minimizadas por el equipo médico.
Pese a la fiebre, náuseas y dolores abdominales, la paciente fue dada de alta al día siguiente. Su estado empeoró con el correr de los días y fue nuevamente intervenida el 22 de mayo por el Dr. Julio César Jojot Martínez, quien detectó una broncoaspiración de bilis debido a una lesión en el conducto biliar. En ambas intervenciones participó la anestesióloga Nury Elizabeth Benítez de Amarilla.
Tras complicaciones graves como peritonitis biliar e infección abdominal severa, la familia costeó un traslado al sanatorio Santa Lucía y luego al Hospital Regional, donde fue operada por tercera vez. En esa cirugía se hallaron órganos necrosados, y días después, el 4 de junio, Griselda murió tras semanas de agonía.
DENUNCIA ESTANCADA
La denuncia fue presentada por su pareja, Edgar del Rosario Jara Galeano, y su hermana Patricia Lorena Romero. Los abogados piden como anticipo jurisdiccional de prueba una necropsia con junta médica, pero hasta la fecha no hay resoluciones concretas. El fiscal Zaracho dijo haber solicitado informes a los centros de salud involucrados y a la aseguradora Unimed, pero sin avances sustanciales.
El funcionario salió ayer de vacaciones y dejó el caso a cargo de su colega Julia González, lo que para los familiares representa un nuevo obstáculo en una causa que ya caminaba con lentitud. La documentación, según Zaracho, fue enviada a Medicina Forense del Ministerio Público para un análisis técnico que debe derivar en una junta médica.
“NO ACEPTAREMOS LA IMPUNIDAD”
“Mi hermana entró caminando a una cirugía común y terminó muerta por una cadena de negligencias”, reclamó Patricia Romero. “La justicia no puede seguir durmiendo. Queremos que investiguen este caso sin privilegios. No puede ser que los médicos siempre salgan impunes”, expresó con indignación. Los familiares aseguran que no descansarán hasta que los responsables enfrenten la justicia y ya analizan realizar una gran manifestación contra lo que califican como “blindaje judicial” a los médicos denunciados por negligencia.
El caso de Griselda se suma a otros que han sido archivados sin mayor investigación. En muchos casos, ni siquiera se permitió la autopsia, lo que impide establecer responsabilidades. Fiscales con vínculos con corporaciones médicas o influidos por el peso institucional de los denunciados suelen desechar las causas antes de que avancen.
“Griselda era madre, hija, hermana. Lo mínimo que puede hacer el Estado es aclarar por qué murió. No vamos a dejar que este caso quede impune”, advirtió el abogado de los familiares de la víctima. Exigen que el Ministerio Público actúe con firmeza y sin privilegios, para que este no sea “otro expediente más que duerma en un cajón”.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
