PUERTO INDIO, Mbaracayú. Familiares y vecinos de Lucineia Gomes Ribeiro, asesinada y arrojada a un barranco en junio de este año, denuncian que el fiscal de Minga Porã, Fidel Godoy, y agentes de Investigaciones de San Alberto habrían cobrado una millonaria suma de dinero al esposo de la víctima para desvincularlo del caso, donde figuraba como principal sospechoso del crimen. Supuestamente, el hombre habría descubierto una infidelidad y, por ello, torturó y mató a su esposa. Lo que más llama la atención es que, durante un allanamiento de la vivienda de la pareja, una comitiva fiscal-policial halló varias evidencias, entre ellas una sábana con manchas de sangre y una escopeta. Lo grave del caso es que el propio esposo de la víctima dijo que tenía una pistola, pero que la vendió recientemente a un camionero.
La investigación sobre el brutal asesinato de la brasileña Lucineia Gomes Ribeiro (42), torturada y asesinada de un disparo en la espalda, deja en evidencia, una vez más, la corrupción y complicidad entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Lo que parecía ser un caso de femicidio fácil de resolver lleva más de cinco meses de investigación que no avanza. Todo en este macabro crimen no encaja, comenzando porque Lucineia desapareció el 30 de mayo de 2025, pero, curiosamente, su hijo recién reportó el hecho el 14 de junio, es decir, más de dos semanas después, y apenas un día antes de que su cadáver fuera encontrado en una barranca, al costado de una calle terraplenada, cerca de una laguna. Según la autopsia, la mujer fue secuestrada, torturada durante al menos cinco días y, finalmente, ejecutada con un disparo en la espalda, mientras aparentemente se encontraba arrodillada y debilitada por las brutalidades que había sufrido.
ALLANAMIENTO
Como de costumbre en este tipo de casos, su esposo Sadi Antonio Vargas (55), se convirtió en el principal sospechoso, y su casa fue allanada por una comitiva fiscal-policial. Durante el procedimiento se hallaron evidencias que apuntaban directamente a su implicancia en el crimen. Entre los objetos incautados se encontraron una escopeta calibre 22, municiones de diferentes calibres, teléfonos celulares, una sábana con manchas de lo que se presume es sangre, un DVR de circuito cerrado y un vehículo Toyota Premio, en el cual supuestamente uno de los hijos de la pareja habría llevado a su madre hasta Puerto Indio el día de su desaparición.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores es el comportamiento extraño del esposo durante el allanamiento. Cuando se le consultó sobre una pistola que poseía, Sadi Antonio Vargas admitió tenerla, pero alegó haberla vendido a un camionero sin poder dar detalles sobre la transacción. Curiosamente, el fiscal Godoy no profundizó nada en este punto, lo que genera sospechas de que la presunta arma homicida podría haber sido vendida o desaparecida sin ser rastreada.
POTENTADO AGRICULTOR
El presunto autor del crimen es un agricultor adinerado que, según testimonios de pobladores de Puerto Indio, es el principal responsable del asesinato de la mujer. La versión extraoficial que circula entre los habitantes del lugar sostiene que Sadi Antonio Vargas descubrió que su esposa le era infiel, lo que desató su furia y llevó a la mujer a una cruel tortura seguida de su muerte.
MILLONARIA COIMA
En la localidad, es un “secreto a voces” que el esposo habría pagado la suma de 50 mil dólares al fiscal del caso, Fidel Godoy, para desvincularlo del crimen. Según testimonios de familiares de la víctima y otras fuentes cercanas al caso, esta cantidad de dinero fue repartida entre el fiscal Godoy y el oficial 1ª Edgar Brizuela, jefe regional del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en San Alberto.
De ser cierto, la justicia se habría visto manipulada en beneficio de los sospechosos, quienes, a pesar de las pruebas en su contra, siguen en libertad. Esta situación genera indignación entre la familia de Lucineia, que clama por justicia y asegura que no descansará hasta que se haga justicia sobre su muerte.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
