El fiscal Edgar Torales Gamarra, de la Unidad Zonal Nº 1 de Yguazú, formuló acusación contra el abogado Walter Ramón Acosta (49) años por los supuestos hechos punibles de coacción, coacción grave y resistencia. La causa se originó tras un procedimiento de fiscalización realizado por funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología en la estación de servicios San Miguel, ubicada en el distrito de Tavapy, oportunidad en que los intervinientes fueron agredidos física y verbalmente por el profesional del derecho.
Según la investigación, los hechos ocurrieron el 18 de marzo de 2025, cuando una comitiva del INTN se constituyó en el surtidor para llevar a cabo la fiscalización correspondiente. En el lugar fueron recibidos inicialmente por un funcionario de la firma (playero), que tras dar aviso al propietario, autorizó la verificación.
Durante el control, los fiscalizadores constataron que tres picos de nafta súper salían fuera de la tolerancia permitida, circunstancia que conforme a las normativas técnicas implica la aplicación de una multa administrativa a la empresa intervenida. En ese momento, el sindicado se presentó en el sitio, comenzó a proferir insultos y adoptó una conducta hostil contra los fiscalizadores.
Seguidamente, el abogado agredió físicamente a un funcionario del INTN al aplicarle un puntapié y posteriormente a una funcionaria de la misma institución, a quien propinó un golpe de puño en el rostro y la empujó, obligándola a refugiarse en el interior del vehículo institucional para resguardar su integridad. Esta última acción quedó registrada en una filmación. La posterior inspección médica forense practicada a la funcionaria constató escoriaciones en la pierna derecha, contractura articular y cefalea.
El Ministerio Público sostiene que las agresiones tuvieron como objetivo impedir la labor oficial de los funcionarios públicos, configurando los hechos de coacción y coacción grave. Además, el acusado se resistió al procedimiento de los agentes policiales cuando éstos acudieron al lugar para una intervención.
El requerimiento conclusivo incluye pruebas documentales, testificales, registros audiovisuales y pericias médicas que respaldan los hechos denunciados por la comitiva fiscalizadora, entre ellas el informe médico forense de la funcionaria agredida y material audiovisual obtenido durante la agresión.
La Fiscalía solicitó la apertura de juicio oral y público, al considerar acreditados los hechos y la responsabilidad del imputado en calidad de autor. Inicialmente, la investigación estuvo a cargo de la agente fiscal Rocío Celeste González, quien fue recusada por la defensa.
FUENTE: DIARIO VANGUARDIA
