La falta de equidad en el tratamiento de denuncias por violencia familiar en el Ministerio Público queda en evidencia con un nuevo caso ocurrido en Ciudad del Este. Se trata de una denuncia presentada por Demas Pablo Fernández Cano, un hombre que afirma ser víctima de violencia familiar de parte de su expareja, Sandra Tamari Barreto. Sin embargo, a pesar de que la denuncia fue ingresada formalmente el pasado 9 de julio en la unidad fiscal nº 2, especializada en casos de violencia familiar, hasta la fecha la agente fiscal Estela Mary Ramírez no convocó al denunciante ni se ordenó diligencia alguna.
El caso revela una preocupante tendencia, mientras que las denuncias en las que los presuntos agresores son hombres avanzan con rapidez e incluso se convierten en procesos judiciales en cuestión de horas, aquellas en las que las denunciadas son mujeres tienden a dormir en las oficinas fiscales sin mayores avances. La situación pone en entredicho la imparcialidad con la que el Ministerio Público actúa en casos de violencia familiar.
Fernández Cano relató haber mantenido una relación de diez meses con Tamari Barreto, quien, según su testimonio, era agresiva, manipuladora y prepotente. Luego de la ruptura, asegura que la mujer inició una campaña de acoso contra él, persiguiéndolo tanto en su domicilio en el barrio Catedral como en su lugar de trabajo, lo que incluso le costó el empleo. Además, el denunciante afirma que su expareja le amenazó con denunciarlo falsamente por violencia, afirmando que “las mujeres tienen más derechos que los hombres” y que le haría “la vida imposible” si no retomaban la relación.
A pesar de la gravedad de las acusaciones y del temor expresado por el denunciante, la Fiscalía no adoptó ninguna medida. Ni siquiera se tomó la declaración testimonial de la víctima, a diferencia de lo que ocurre en casos donde la denunciante es mujer, en los que rápidamente se dictan medidas de protección, se imputan a los agresores e incluso se ordena su prisión preventiva.
11 PROTEGIDAS
Este patrón de desinterés institucional no es un hecho aislado. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, solo en el mes de julio de este año fueron denunciadas 11 mujeres ante el Ministerio Público por hechos de violencia familiar. Sin embargo, en ninguno de esos casos se dictó imputación alguna. La inacción de las fiscalas encargadas de investigar estos hechos despierta sospechas sobre una suerte de protección corporativa hacia sus congéneres, lo que deja a los varones denunciantes en una situación de total vulnerabilidad.
Al parecer, “las mujeres son intocables”, esta percepción se ve reforzada por la ausencia de avances procesales cuando la persona denunciada es mujer, aun cuando existen elementos claros para la apertura de una causa penal.
El caso de Demas Pablo Fernández Cano es apenas uno de varios que evidencian una brecha preocupante en el acceso a la justicia por parte de hombres víctimas de violencia familiar. En un contexto donde la ley exige igualdad de derechos y garantías para todos. En ese sentido, la parcialidad institucional basada en el género de las partes pone en tela de juicio la objetividad del sistema judicial. Es sabido que existe un estigma cultural que impide a muchos hombres denunciar la violencia que sufren en el entorno doméstico. Y aquellos que se animan a dar el paso, se topan con el desinterés o la pasividad de las autoridades encargadas de investigar y sancionar estos hechos.
La ciudadanía exige al Ministerio Público actuar con el mismo rigor y responsabilidad en todos los casos de violencia familiar, independientemente del género de la víctima o del denunciado. La impunidad no puede tener rostro ni sexo.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
