El MOPC, institución encargada de regular las gigantografías en su franja de dominio, también ningunea el comunicado.
El MOPC y los propios empresarios ignoran pedido que exige combatir polución visual
El reciente comunicado de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, en el que se denuncia la contaminación visual en los accesos al país y se exige la eliminación inmediata de carteles publicitarios irregulares, terminó convirtiéndose en un documento vacío, sin respaldo práctico ni voluntad real de cumplimiento. En los hechos, tanto el sector empresarial como el propio Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones trataron el pronunciamiento como simple retórica institucional, mientras la ruta PY02 continúa saturada de estructuras ilegales instaladas dentro de la franja de dominio público.
La contradicción es evidente y difícil de disimular. Por un lado, la Cámara denuncia un problema que afecta la imagen del país y la seguridad vial; por el otro, los mismos empresarios —muchos de ellos vinculados o asociados al gremio— continúan explotando sin reparos la cartelería de gran porte, los pórticos publicitarios y las estructuras metálicas que invaden el espacio público y generan una contaminación visual descontrolada.
El comunicado, firmado por autoridades del Consejo Directivo de la Cámara, plantea la necesidad de ordenar los accesos y preservar la estética urbana y fronteriza. Sin embargo, ese discurso no se traduce en acciones concretas. No hay llamados públicos a sus asociados para retirar carteles, no se promueve ningún mecanismo de autorregulación y tampoco se asume responsabilidad alguna sobre el rol del sector privado en el desorden que hoy se cuestiona.
La situación se agrava sobre la ruta PY02, cuya franja de dominio corresponde exclusivamente al MOPC. Allí, la presencia de cartelería irregular no solo persiste, sino que se consolida ante la absoluta inacción estatal. Las estructuras continúan en pie, pese a que su instalación viola normas vigentes y representa un riesgo real para la circulación vehicular.
Conductores y usuarios denuncian desde hace años que los carteles reducen la visibilidad, distraen la atención y ya provocaron accidentes, sin que exista una respuesta sostenida por parte de la autoridad competente. El peligro es concreto, pero el control sigue siendo inexistente.
La ministra Claudia Centurión había anunciado operativos de retiro y la aplicación de sanciones a los responsables. No obstante, esos anuncios quedaron en promesas inconclusas. No hubo continuidad, no se conocieron multas ejemplares y ninguna empresa fue expuesta públicamente por ocupar ilegalmente la franja de dominio.
LETRA MUERTA Y SILENCIO OFICIAL
La ausencia de sanciones terminó consolidando un mensaje perverso: la ilegalidad no tiene consecuencias. El MOPC no hace cumplir la ley y el sector empresarial ignora incluso sus propios comunicados, reduciendo el reclamo a una declaración sin efecto práctico.
En este contexto, el pronunciamiento de la Cámara de Comercio aparece más como un gesto discursivo que como un compromiso real con el orden urbano. Denunciar la contaminación visual mientras se la sostiene en la práctica solo refuerza la percepción de un doble discurso empresarial.
Mientras tanto, el Estado, a través del MOPC, sigue ausente, permitiendo que la franja de dominio de una de las rutas más importantes del país se transforme en tierra de nadie, con graves consecuencias para la seguridad vial, el paisaje urbano y la credibilidad institucional.
