Parte del vídeo donde se aprecia la violenta actuación de los uniformados.
Un nuevo caso de presunta corrupción policial salpica a agentes de la comisaría 23ª del barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, quienes serán denunciados ante la Fiscalía por un supuesto hecho de coacción grave, ocurrido el sábado a la tarde durante un procedimiento irregular cuando interceptaron a un hombre que circulaba en una motocicleta junto a su pareja y su hijo pequeño, y lo llevaron a la sede policial, donde le exigieron G. 5 millones con la excusa de que la cédula verde del biciclo era apócrifa. Al negarse a pagar, los policías lo amenazaron con plantarle droga y, por temor, tuvo que prestar el dinero para recuperar su libertad. Un video grabado por vecinos con un teléfono celular muestra la violencia y la aparatosidad del procedimiento.
El afectado fue identificado como Joel Martínez Ruiz, de 28 años. De acuerdo con el Sistema Informático de la Policía Nacional, el joven cuenta con antecedentes por violación de la ley 4036, relacionada a portación y tenencia de armas y narcotráfico, además de otras prohibiciones vigentes.
La familia se desplazaba a bordo de una motocicleta Leopard KH 200, año 2025, color negro, con matrícula 269 ABIH, cuando fue interceptada por agentes que patrullaban la zona en una motocicleta. Los uniformados solicitaron los documentos del biciclo y, tras revisarlos, alegaron que la cédula verde sería apócrifa, situación que desató el conflicto.
Según la denuncia, los policías intentaron llevar al hombre hasta la comisaría. Al resistirse, se produjo un forcejeo en plena vía pública, donde Martínez Ruiz fue arrojado al suelo, golpeado y esposado frente a su pareja y su hijo, quienes vivieron momentos de terror. Un video grabado por vecinos con un teléfono celular muestra la violencia y la aparatosidad del procedimiento.
Ya en la sede policial, el afectado denuncia que la jefa de la comisaría 23ª, la comisario principal Inocencia Aguilar, junto con otros uniformados, le habría exigido G. 5 millones para no incautar la motocicleta. Al manifestar que no contaba con ese dinero y que prefería dejar el vehículo para luego recuperarlo por la vía legal, los policías supuestamente lo amenazaron con “plantarle” droga, advirtiéndole que su situación judicial se agravaría debido a sus antecedentes.
Tras permanecer varias horas retenido de manera irregular, Martínez Ruiz logró reunir la suma de G. 4.200.000, dinero que habría conseguido mediante un préstamo. Luego de ello, fue liberado, según la denuncia, tras haber sido privado ilegítimamente de su libertad, amenazado y coaccionado.
Llamativamente, el procedimiento no fue informado a los superiores ni al Ministerio Público. Ante esta situación, se espera que el director de Policía del Alto Paraná, comisario general inspector Carlos Bartolomé Acosta, ordene una investigación inmediata. Asimismo, se exige que Asuntos Internos de la Policía Nacional intervenga de urgencia y que los agentes involucrados sean apartados de sus cargos mientras duren las investigaciones por este nuevo y grave caso de presunta corrupción policial.
