
Concejal Roberto Brizuela (PLRA)
Un nuevo escándalo urbanístico sacude a la ciudad de Presidente Franco. Esta semana, en sesión ordinaria de la Junta Municipal, el concejal Roberto Brizuela (PLRA) presentó una minuta para habilitar un proyecto de ordenanza que pretende aprobar un loteamiento irregular en el barrio San Damián, en un proceso que ya es denunciado como un “gran negociado” con respaldo político. Brizuela ya carga con antecedentes por casos similares de loteamientos irregulares en el distrito franqueño.
La propuesta busca aprobar superficies menores a los 360 m² exigidos por ley y autorizar una calle de menos de 16 metros, dentro del inmueble identificado como finca n° 302, padrón n° 269, Cta. Ctral. n° 26-1264-02, propiedad de Heriberto Alfonzo.
Según denuncias internas de la propia Junta Municipal, el predio fue fraccionado y vendido completamente, sin reservar áreas para plaza, calles ni espacios públicos, violando de manera directa lo establecido por la Ley 3966/2010 – Orgánica Municipal, que exige: Calles con un mínimo de 16 metros (incluyendo veredas). Lotes con superficies mínimas de 360 m². Reservas obligatorias para equipamientos comunitarios y áreas verdes.
En lugar de exigir el cumplimiento de la normativa o la restitución de los espacios públicos omitidos, el proyecto de Brizuela pretende adaptar la ordenanza municipal a las irregularidades ya cometidas, legitimando a posteriori un loteamiento totalmente fuera de la ley. Voceros municipales señalaron que “están preparando un proyecto para finiquitar el negociado”, con el único fin de beneficiar a una poderosa familia vinculada al negocio inmobiliario.
El proyecto no avanza solo. Brizuela contaría con el respaldo de la bancada liberal de la Junta Municipal, el apoyo de algunos concejales colorados e incluso la anuencia del propio intendente Roque Godoy (PLRA).
El intento de avalar el fraccionamiento irregular se da en un momento especialmente sensible para la ciudad, a semanas de la plena habilitación del segundo puente y en plena etapa de expansión vial y urbana. En este contexto, expertos del área advierten que aprobar loteamientos ilegales hoy significa crear desastres urbanos mañana.
“Hoy no hay problema, pero en el futuro vamos a tener gravísimos conflictos viales y de infraestructura. Están rifando nuestra ciudad. Los metrajes establecidos por ley se deben respetar”, apuntó uno de los concejales que se opone a la operación.
El plan contradice también lo dispuesto por catastro municipal, que ya había advertido sobre irregularidades en el loteamiento. La ley de urbanización es categórica respecto a dimensiones mínimas de calles, veredas, retiros, áreas comunes y lotes habitables.
Forzar la aprobación de un fraccionamiento que no cumple con ninguno de los requisitos legales sentaría un peligroso precedente, abriendo la puerta para que otros loteadores repliquen el mecanismo de “fraccionar primero y legalizar después”.
Presidente Franco arrastra una larga historia de conflictos por fraccionamientos ilegales, manipulaciones documentales, falsificaciones y aprobaciones amañadas en la Junta Municipal. Entre los antecedentes se registran: Aprobaciones indebidas de loteamientos sin verificación técnica. Manipulación de datos catastrales y alteraciones de planos. Ocupaciones fraudulentas con respaldo político. Investigaciones archivadas o desestimadas, dejando impunes a los responsables. Uso indebido de tierras municipales y privadas para negocios particulares. Para urbanistas y vecinos del sector, el caso del barrio San Damián repite el mismo patrón histórico, con autoridades prestando estructura institucional para favorecer intereses privados.