El plazo para renovar las habilitaciones vehiculares venció ayer en todo el país, activando nuevamente una vieja maquinaria recaudadora de las municipalidades. Cada año, miles de contribuyentes son obligados a pagar por un documento que, en teoría, debería certificar que sus vehículos están en condiciones de circular. Sin embargo, en la práctica, en la mayoría de los distritos del Paraguay, la habilitación no garantiza absolutamente nada.
La habilitación vehicular es un tributo municipal. La facultad de expedirla corresponde exclusivamente a las comunas, en el marco de la autonomía reconocida por la Constitución Nacional y la Ley Orgánica Municipal. Pero allí aparece el primer gran problema: lo recaudado ingresa a las cajas municipales sin un sistema específico, transparente y verificable que obligue a los intendentes a rendir cuentas sobre el destino de ese dinero.
Es decir, el ciudadano paga bajo amenaza de multa, pero no sabe con precisión en qué se utiliza la plata. No existe una trazabilidad clara que permita verificar si esos recursos vuelven a la ciudadanía en mejores calles, señalización, educación vial, controles de tránsito o seguridad vial. En la mayoría de los casos, el dinero simplemente se diluye dentro del presupuesto municipal, quedando a discreción de cada administración.
A ese esquema se suma otro componente históricamente cuestionado: la participación de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), ente que no expide habilitaciones vehiculares, porque esa atribución corresponde a las municipalidades. Sin embargo, mantiene una relación directa con el trámite mediante sistemas informáticos, formularios, materiales de seguridad, bases de datos y asistencia técnica a los municipios.
El punto más discutido es el denominado canon OPACI, un monto que muchas comunas incluyen dentro del costo que paga el contribuyente al renovar la habilitación. No se trata de un impuesto nacional, sino de un aporte que las municipalidades transfieren a la organización en virtud de convenios y disposiciones internas. En los hechos, termina siendo cobrado al ciudadano como parte del paquete obligatorio para circular.
Pero el mayor contrasentido está en la propia naturaleza del documento. Una habilitación vehicular debería significar que el rodado fue verificado y declarado apto para circular. No obstante, en la mayoría de los municipios del país, la inspección técnica vehicular es apenas un formalismo inexistente. El contribuyente paga, entrega documentos, recibe un papel impreso y sale con la supuesta autorización, aunque su vehículo pueda estar en pésimas condiciones mecánicas.
La Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial contempla la puesta en funcionamiento del sistema de Inspección Técnica Vehicular para todos los vehículos, mientras que la Ley Orgánica Municipal reconoce competencias municipales vinculadas al tránsito y la seguridad vial. Sin embargo, la aplicación real sigue siendo parcial, fragmentada y profundamente desigual.
Salvo Asunción y algunos municipios del área metropolitana de la capital, la ITV no se aplica como requisito efectivo para otorgar la habilitación. En Alto Paraná, por ejemplo, ningún municipio exige una verificación técnica seria y obligatoria antes de expedir el documento anual. Así, la habilitación pierde sentido como instrumento de seguridad vial y queda reducida a un simple mecanismo de recaudación.
Por eso se observan diariamente vehículos con frenos defectuosos, luces quemadas, cubiertas lisas, escapes adulterados, carrocerías deterioradas y condiciones mecánicas deplorables, pero con la habilitación al día. El Estado municipal cobra como si certificara aptitud, pero no controla si el vehículo realmente está apto para circular.
El resultado es un sistema hipócrita. Se castiga con fuertes multas al conductor que no renovó su habilitación, pero no se sanciona con la misma severidad a las municipalidades que emiten documentos sin verificar nada. Se exige al ciudadano cumplir religiosamente con el pago anual, pero no se exige a las comunas justificar el destino de la recaudación ni garantizar que el documento tenga valor real en materia de seguridad vial.
La habilitación vehicular, tal como funciona hoy en gran parte del país, se ha convertido en una patente de recaudación, no en una herramienta de prevención. Si el objetivo fuera realmente proteger vidas, ningún vehículo debería recibir autorización para circular sin una inspección técnica mínima, seria, transparente y uniforme.
