La jueza de primera instancia civil y comercial de Presidente Franco, Sara Silva Figueredo, considerada como “la reina de la morosidad”, nuevamente está en el ojo de la crítica por la lentitud crónica en su juzgado. Durante meses e incluso años, los expedientes quedaron empolvados en su despacho, con simples resoluciones que tardaron meses y sentencias que nunca llegaron. Sin embargo, en pocos días hábiles de octubre, su reemplazante, el juez penal de Iruña, Miguel Ángel Brítez Piris, logró dar celeridad a muchos procesos, demostrando que la mora era producto de la inacción de la magistrada. El contraste es tan contundente que deja al descubierto la desidia de Silva y la complicidad de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, que la confirmaron recientemente en el cargo, pese a múltiples denuncias.
La jueza de primera instancia en lo civil y comercial del primer turno de Presidente Franco, Sara Silva Figueredo, vuelve a ser cuestionada duramente por la galopante morosidad judicial que caracteriza su despacho. Lo que para cualquier juzgado debería ser un trámite de semanas, en su caso se convierte en meses, y lo que corresponde a una sentencia definitiva se prolonga por años, dejando a abogados litigantes y ciudadanos a merced de un sistema ineficiente, que mina la confianza en la justicia.
La situación llegó a un punto insostenible: en pleno mes de octubre, la magistrada está de vacaciones, mientras que su interino, el juez penal de Iruña, Miguel Ángel Brítez Piris, en apenas cuatro días hábiles, dio un golpe de timón a la parálisis del despacho. Brítez Piris empezó a destrabar expedientes que estuvieron encajonados por meses, e incluso años, dejando en evidencia la rabonería y desidia de la titular del cargo. El contraste es tan evidente que ya no caben dudas: el problema no es la carga procesal, sino la falta de voluntad de trabajar.
Lo más criticable, sin embargo, es que la Corte y el Consejo de la Magistratura decidieron recientemente confirmar a Sara Silva en el cargo, pese a las innumerables denuncias de gremios de abogados que advierten sobre su mal desempeño. Es decir, a los ministros de la máxima instancia judicial les importa un rábano la mora judicial y, con su decisión, avalan la ineficiencia de una magistrada cuestionada públicamente por sus propios colegas.
ANTECEDENTES POR EXTREMA MOROSIDAD
En marzo de este año, la Comunidad Jurídica de Alto Paraná (COMJURAP), presidida por la abogada Liz Rilsy Martínez, hizo público un enérgico repudio contra la jueza Silva. La denuncia se sustentó en la excesiva morosidad del juzgado y en el impacto que ello genera no solo a los profesionales del Derecho, sino también a los ciudadanos que aguardan respuestas de la justicia.
“Estamos solicitando que se instruya un sumario por mal desempeño de funciones, ya que su excesiva demora en dictar resoluciones genera innumerables inconvenientes”, señaló en esa ocasión Martínez. La COMJURAP presentó incluso recursos de queja por retardo de justicia y pidió informes a la Cámara de Apelaciones. Según el gremio, las causales eran suficientes para que la Superintendencia de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) intervengan y apliquen sanciones que podrían ir desde apercibimientos hasta la remoción del cargo.
La presidenta de COMJURAP dejó claro que no se trataba de un ensañamiento personal, sino de una respuesta institucional ante el cúmulo de quejas recibidas. “Los magistrados deben dictar resoluciones en tiempo y forma; la falta de resultados oportunos afecta gravemente a la comunidad jurídica y a los ciudadanos”, recalcó.
En abril, la preocupación se trasladó al Consejo de la Magistratura, donde nuevamente la presidenta de COMJURAP elevó una nota alertando sobre la inminente confirmación de la jueza en su cargo, pese a que existía una denuncia formal por morosidad injustificada. Sin embargo, nunca hubo respuestas y la denunciada acabó siendo confirmada.
La confirmación de Sara Silva no solo es una bofetada a los abogados que claman por celeridad, sino también a toda la ciudadanía que depende de un sistema judicial confiable. La mora judicial es, en los hechos, una negación de justicia, porque el derecho llega tarde o no llega nunca. Lo ocurrido en Presidente Franco es un ejemplo de cómo la falta de sanciones fomenta la desidia. Mientras la jueza Silva se toma vacaciones prolongadas, es su interino quien demuestra que los expedientes pueden resolverse con rapidez cuando existe voluntad de trabajar.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
