El distrito de Itakyry, considerado uno de los más empobrecidos del Alto Paraná, atraviesa un momento de fuerte cuestionamiento político e institucional mientras el intendente Miguel Ángel Soria Rivas (ANR) busca la reelección por un nuevo periodo, lo que podría extender a casi dos décadas el control político de su familia sobre la administración municipal. Soria ya ocupó la intendencia en dos periodos anteriores, luego su hijo Carlos Miguel Soria gobernó el municipio durante dos mandatos consecutivos, y ahora el jefe comunal pretende continuar en el cargo, consolidando lo que sectores políticos y ciudadanos denominan el “clan Soria” en Itakyry.
Uno de los casos que mejor refleja la situación del distrito es el puente entre las colonias Chino Cué y Naranjito, colapsado en febrero de 2024 tras el paso de un camión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Desde entonces, centenares de pobladores permanecen prácticamente aislados, sin que exista una solución definitiva.
Vecinos recuerdan que desde hace más de 12 años solicitan la construcción de un puente de hormigón armado, en reemplazo de las precarias estructuras de madera. “El puente cayó en febrero de 2024 con un camión del MOPC. Pedimos que se construya uno duradero. Luego hablamos con el intendente Miguel Soria y el gobernador César “Landy” Torres, quienes se comprometieron a gestionar la obra, pero hasta hoy no se hizo nada”, denunció un poblador. La Junta Municipal había declarado de interés distrital la construcción del puente en septiembre de 2023, pero la iniciativa nunca se concretó.
El problema no se limita a ese punto. Según denuncias de pobladores, al menos diez puentes de madera en el distrito se encuentran en condiciones críticas, en comunidades como Paso Cadena, colonia Ytu y Villar Kue, donde el deterioro de la infraestructura mantiene a poblaciones enteras en condiciones de aislamiento.
CRISIS INSTITUCIONAL
A la falta de obras se suma una fuerte tensión institucional dentro del municipio. Concejales municipales denunciaron que el intendente mantiene más de 70 días de atraso en el pago de las dietas, situación que —según los ediles— podría constituir un mecanismo de presión política para lograr la aprobación de una ampliación presupuestaria superior a G. 1.000 millones.
El pedido del Ejecutivo municipal busca incorporar recursos provenientes de saldos iniciales de caja, royalties, compensaciones y recursos propios del ejercicio anterior, principalmente para inversiones y cancelación de deudas.
Sin embargo, concejales críticos sostienen que el retraso en los pagos sería una forma de presionar al legislativo municipal en medio de la campaña electoral del intendente, quien busca el rekutu (reelección) en el cargo.
El deterioro institucional se profundizó cuando la Junta Municipal rechazó la rendición de cuentas del ejercicio 2023 presentada por el intendente Soria. De acuerdo con concejales opositores, se detectaron gastos irregulares, falta de documentación respaldatoria y erogaciones desproporcionadas, especialmente en el rubro de asesorías.
Entre los puntos más cuestionados figura el pago de unos G. 580 millones en asesorías, sin que se detallen claramente los servicios prestados ni los resultados para la comunidad. También se cuestionó el uso de recursos provenientes de juegos de azar para el pago de servicios técnicos profesionales, lo que podría contradecir la normativa vigente.
Aunque formalmente la oposición cuenta con mayoría en la Junta Municipal, concejales denuncian que algunos ediles se alinearon con el Ejecutivo, otorgándole una mayoría funcional. Mientras tanto, Itakyry continúa figurando entre los distritos con mayor pobreza, infraestructura limitada, servicios deficientes y escaso desarrollo, pese a años de administración bajo el mismo liderazgo político.
En la comunidad comienza a instalarse un debate sobre el futuro del distrito. Tras más de veinte años de administración vinculada al mismo grupo político, sectores ciudadanos cuestionan la continuidad del modelo de gestión municipal, señalando la falta de obras estructurales, problemas de transparencia y escaso impacto social de la administración.
