En su sesión ordinaria de este jueves 11 de septiembre, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tiene en agenda analizar la causa nº 126/2023, caratulada: “Mario Espínola Rojas c/ Abg. Cinthia María Garcete Urunaga, jueza penal de garantías n° 5 de Ciudad del Este, Circunscripción Judicial de Alto Paraná s/ Acusación”. Se trata de un nuevo proceso que involucra a la cuestionada magistrada esteña, señalada por supuestamente haber cobrado coimas millonarias para favorecer a 11 policías procesados por un doble homicidio en un caso de gatillo fácil.
El expediente de referencia corresponde a la causa “Ministerio Público c/ Richard Antonio Sebriano Silvero y otros s/ Supuesto hecho punible contra la vida (Homicidio doloso) y otros – Exp. nº 16.416/2022”. En este proceso, jueza Garcete habría otorgado el arresto domiciliario a los uniformados pese a la gravedad del hecho, lo que derivó en una denuncia directa ante el órgano de control de magistrados.
El episodio que destapó la controversia se produjo el 19 de noviembre de 2022, alrededor de las 21:45, en el km 12 Acaray de Ciudad del Este. Una pareja de jóvenes, Gloria Yetsica Espínola Cáceres y Alex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia, fue brutalmente acribillada dentro de su vehículo por un grupo de policías que, según el parte oficial, buscaba a un delincuente prófugo identificado como Carlos Cabrera Cabrera.
Las víctimas no tenían vínculo con el sospechoso, y su muerte desató una ola de indignación ciudadana contra los uniformados y el sistema judicial que debía procesarlos. En la investigación resultaron imputados el comisario Hugo Regis Florentín, el subcomisario Manuel Ramón Villalba Gómez, y los agentes policiales Richard Antonio Sebriano Silvera, César González Agüero, Javier Antonio Martínez Ocampos, Alfredo Villalba Agüero, Rubén Darío Giménez Maidana, Jaime Javier Ramírez Brítez, Roberto Samaniego Parquet, Alder Centurión Céspedes y Pedro Osvaldo Brítez Achar.
En septiembre de 2023, un familiar de las víctimas, Mario Espínola Rojas, presentó denuncia contra la jueza Cinthia Garcete y el fiscal Alcides Giménez Zorrilla, de la unidad penal nº 9, por el presunto delito de cohecho pasivo agravado. Según el escrito, ambos habrían recibido la suma de G. 300 millones para conceder arresto domiciliario a los 11 policías imputados.
La denuncia también menciona que la entonces fiscal del caso, Vanesa Candia, fue apartada mediante recusación por negarse a ser parte de la supuesta maniobra, abriendo el camino a Giménez, quien habría facilitado el arreglo junto a Garcete.
El comisario retirado Ángel Gabriaguez habría actuado como intermediario, visitando a los policías en la Agrupación Especializada y sugiriéndoles contratar a un mismo estudio jurídico, además de reunir el dinero de manera conjunta. De acuerdo al relato del denunciante, el monto recaudado se dividió en partes iguales entre la jueza y el fiscal: G. 150 millones cada uno. La existencia de este supuesto acuerdo llegó al conocimiento del abogado querellante Mauro Barreto, a través de una defensora de uno de los policías, a quien presuntamente intentaron apartar del caso.
OTRA CAUSA CONTRA GARCETE EN EL JEM
Este no es el único proceso que enfrenta la magistrada. El pasado 29 de enero de 2025, Garcete dictó el auto interlocutorio nº 97, mediante el cual dispuso el levantamiento de las órdenes de captura contra los procesados Julio César Martínez Chávez y Mirta Antonia Torres Colmán, residentes en España, dentro de un proceso penal de acción pública. La medida, adoptada sin que se cumplieran los presupuestos procesales, motivó que el JEM iniciara de oficio una investigación preliminar en su contra, tras publicaciones periodísticas que expusieron las irregularidades.
La exministra de la Corte y actual miembro del JEM, Alicia Pucheta, advirtió que las resoluciones jurisdiccionales deben ajustarse a derecho para garantizar el correcto funcionamiento de la justicia. Gremios de abogados celebraron la decisión, recordando que Garcete es considerada por muchos litigantes como “la peor magistrada del Alto Paraná”, con un historial de resoluciones cuestionadas y denuncias que en reiteradas ocasiones fueron desestimadas.
La sesión de hoy genera gran expectativa y, al mismo tiempo, temor de un nuevo blanqueo institucional. Abogados y referentes de la sociedad civil de Alto Paraná sostienen que la jueza Garcete ha sido históricamente protegida por sectores políticos y judiciales, lo que le habría asegurado impunidad en más de una decena de denuncias previas. Incluso, pese a su controvertido historial, llegó a candidatearse para integrar el Tribunal de Apelaciones Penal del departamento.
La preocupación es que, una vez más, el JEM pueda optar por archivar la causa sin profundizar en las pruebas. Para los denunciantes, esto sería una señal de impunidad y de sometimiento del órgano de control a intereses oscuros. Para las familias de Gloria Espínola y Alex Ortiz, asesinados en un caso brutal de gatillo fácil, este es un paso imprescindible en la búsqueda de justicia. Para la ciudadanía de Alto Paraná, será una prueba más de si los órganos de control son capaces de romper con la cadena de impunidad que por años ha corroído al Poder Judicial.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
