El juez penal de garantías Humberto Otazú rechazó el recurso de reposición presentado por la defensa del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y de los demás imputados. La impugnación fue interpuesta contra la providencia que fijó la fecha de audiencia preliminar en la causa que investiga un supuesto esquema de desvío de fondos públicos. Así la audiencia queda firme para este 4 y 7 de abril. En esta, como en las otras causas abiertas en su contra, el jefe comunal asegura su inocencia y denuncia que es víctima de una “persecución política”, utilizando al Poder Judicial como “garrote”.
La decisión del magistrado se fundamentó en la improcedencia del recurso y en su carácter dilatorio, argumentando que no está en estado de sentencia ni existe una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia que frene el proceso. Además, señaló que la resolución recurrida no representa ninguna violación constitucional ni contiene vicios que ameriten su revocación.
La defensa de Prieto y los demás acusados sostiene que la acción de inconstitucionalidad presentada contra resoluciones previas de incompetencia territorial y material tiene efecto suspensivo. No obstante, el juez determinó que las resoluciones cuestionadas no poseen fuerza de sentencia definitiva, ya que no ponen fin al proceso, por lo que no pueden ser utilizadas como argumento para frenar la audiencia preliminar.
Por otro lado, respecto al pedido del Ministerio Público de aplicar medidas disciplinarias ante lo que consideran una estrategia dilatoria por parte de la defensa, el juez Otazú ordenó recabar informes sobre todos los recursos, incidentes y excepciones planteados. La finalidad de esta medida es garantizar la regularidad del proceso y asegurar la buena fe de las partes.
Junto a Prieto están acusados Francisco Arrúa, exdirector administrativo; Buenaventura Morínigo, propietario de Tajy Servicios Generales; Emili Vanessa Florentín Páez, representante legal de Vanemi S.A.; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de UOC; Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de desarrollo social y actual concejal; Alex Samhat, jefe de la planta procesadora de alimentos de la Municipalidad y administrador del contrato; Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros; Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago, y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero de la Comuna.
Todos ellos enfrentan imputaciones por lesión de confianza y administración en provecho propio en calidad de cómplices, además del cargo de asociación criminal en calidad de coautores. Según la acusación, estas personas supuestamente formaron parte de un esquema de corrupción pública que manipulaba las licitaciones y adjudicaciones en detrimento de la comuna. El perjuicio patrimonial superaría los G. 306 millones por compras de insumos para la producción de panificados durante la pandemia.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
