En el convulsionado escenario judicial del Alto Paraná, un nombre se repite cada vez que se habla de arbitrariedades, resoluciones sospechosas y beneficios judiciales a imputados de casos graves: el de la jueza penal de garantías Cinthia Garcete. Señalada por gremios de abogados como una de las peores magistradas de la región, Garcete acumula un historial de decisiones polémicas y denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Corte Suprema de Justicia, que sistemáticamente son ninguneadas, archivadas o postergadas.
El caso más reciente volvió a sacudir a la opinión pública. El pasado 20 de agosto, Garcete otorgó arresto domiciliario a Jonathan David González Díaz (22), procesado por homicidio doloso tras haber asesinado de 40 puñaladas a su propio padre, Víctor David González Quiñónez (44), en febrero de este año.
La resolución, contenida en el oficio judicial nº 1326, dispuso la libertad del acusado con una fianza personal de G. 50 millones, respaldada por su madre, y una fianza real de G. 100 millones en concepto de inmueble.
El Ministerio Público, en una posición igualmente criticada, avaló la medida. La fiscal Carolina Rosa Gadea alegó que los estudios psiquiátricos y psicológicos apuntaban a que el procesado actuó bajo “excitación emotiva”. Así, la acusación inicial fue modificada, abriendo la puerta para que la jueza concediera la libertad domiciliaria. Para los abogados locales, el mensaje es claro: en el Alto Paraná, la prisión preventiva parece ser un castigo reservado para quienes no tienen dinero para pagar influencias.
El caso González no es un hecho aislado en la trayectoria de Garcete. La magistrada ya había sido denunciada por resoluciones que beneficiaron a imputados de alta peligrosidad. Entre los casos más sonados figuran:
Arresto domiciliario a 11 policías procesados por un doble homicidio, con denuncias de sobornos por G. 150 millones. Liberación de un feminicida confeso en 2021, que había asesinado a una adolescente de 17 años. La jueza argumentó que “no existía riesgo de fuga”. Medidas favorables a policías investigados por cohecho, secuestro y extorsión a turistas.
El caso de Adrián Silva Martínez, imputado por violencia familiar, a quien otorgó prisión domiciliaria. Días después, Silva fue filmado azotando a su anciano padre con un cable. Solo tras la viralización del video y la presión pública, la medida fue revocada.
En mayo pasado, Garcete volvió a estar en el ojo de la tormenta cuando extinguió la rebeldía y levantó la orden de captura contra los prófugos Julio César Martínez y Mirta Antonia Torres, acusados de una millonaria estafa y radicados en Málaga, España.
Pese a la gravedad de sus decisiones, Garcete nunca fue sancionada. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, presidido por la exvicepresidenta Alicia Pucheta, decidió “postergar” el tratamiento de la denuncia relacionada al caso Martínez–Torres sin dar explicaciones. La moción fue acompañada por todos los representantes del JEM, incluidos delegados de la Corte Suprema, el Congreso y el Consejo de la Magistratura.
Para los gremios de abogados, esto confirma lo que ya es un secreto a voces: Garcete cuenta con la protección directa del ministro superintendente del Alto Paraná, César Diesel, miembro de la Corte Suprema de Justicia. Diesel sería su principal respaldo político y judicial, y gracias a esa red de protección, la jueza sorteó al menos una decena de denuncias acumuladas en su contra.
Lo más indignante, señalan los abogados del foro local, es que lejos de ser apartada de la magistratura, Cinthia Garcete incluso llegó a candidatearse para integrar el nuevo Tribunal de Apelaciones Penal del Alto Paraná. Una muestra de que, en lugar de sancionarse a los jueces cuestionados, se los premia con ascensos.
La historia de la jueza Cinthia Garcete es la historia de la degradación del sistema judicial en el Alto Paraná: un sistema donde las denuncias de los abogados quedan en el vacío, donde el Jurado de Enjuiciamiento se convierte en un muro de impunidad, y donde la Corte Suprema avala con su silencio.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
