Una serie de casos de violencia protagonizados por abogados, militares y agentes del Estado terminó sin castigo, pese a la existencia de pruebas, videos y denuncias formales. El abogado Walter Acosta agredió a una funcionaria y fue liberado por camaristas que tampoco fueron sancionados. El abogado Carlos Velázquez Martínez golpeó a una trabajadora de estación de servicios y nunca fue imputado. Un marino abofeteó a un adulto mayor en la aduana de Ciudad del Este y sigue en funciones. En todos los hechos, la Fiscalía actuó con desinterés absoluto, mientras la Corte y el JEM protegieron a jueces cuestionados. El Senado y Diputados, que también se “alarmaron” y sacaron sendos comunicados y anuncios de investigar, igualmente se “olvidaron” de dar seguimiento. La impunidad, el encubrimiento y el silencio institucional se repiten como patrón.
Casos que en su momento fueron escándalos nacionales, con repercusión en el Congreso, la Corte Suprema y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, hoy descansan en el más profundo olvido. No hubo imputaciones, ni sanciones, ni justicia. Solo silencio, encubrimiento y una sensación de desamparo para las víctimas.
El abogado Walter Acosta, quien agredió a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) en la ciudad de Tavapy, fue beneficiado por un fallo insólito del Tribunal de Apelación Penal, segundo turno, del Alto Paraná, que revocó la orden de captura en su contra.
Acosta, tras la brutal agresión, se dio a la fuga, pero en lugar de enfrentar la justicia, fue protegido por los camaristas Raúl Insaurralde, Marta Acosta y Efrén Giménez. La indignación fue inmediata: el Senado, la Cámara de Diputados, la Procuraduría General de la República y hasta la Corte Suprema de Justicia exigieron sanciones ejemplares contra estos jueces, por haber dictado un fallo que sentaba un peligroso precedente para todo el sistema penal.
Se remitieron pedidos de enjuiciamiento al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Pero, una vez más, todo terminó en la nada. Ni la Corte, que debía depurar responsabilidades, ni el JEM, que tenía la obligación constitucional de juzgar a los camaristas, cumplieron su deber institucional. La presión política se disipó, el escándalo mediático fue reemplazado por otro, y los magistrados que favorecieron al agresor siguen cómodamente en sus cargos, sin rendir cuentas ante nadie.
El mensaje que deja esta omisión es demoledor: en Paraguay, incluso los jueces pueden violar la ley sin consecuencias, siempre y cuando los protegidos tengan los contactos adecuados. Lo que inicialmente fue un escándalo nacional se disolvió en el tiempo, dejando al descubierto que el supuesto interés por la justicia fue más político que genuino.
ABOGADO QUE AGREDIÓ A JOVEN
EN GASOLINERA, IMPUNE
En junio de 2024, el abogado Carlos Alcides Velázquez Martínez agredió físicamente a una trabajadora de una estación de servicios en Ciudad del Este. La empujó, la tomó del cabello y tiró su quepis al suelo por no haber recibido atención preferencial. El hecho fue captado por cámaras de seguridad, denunciado ante la Policía y el Ministerio Público. Sin embargo, el caso fue ignorado por dos fiscales: primero por Diana Gómez y luego por Cinthia Leiva.
A pesar de la contundencia de las pruebas, la Fiscalía jamás lo imputó. Velázquez, presidente de la Asociación de Egresados de Derecho de la UNE, cerró el caso con un acuerdo civil, y la justicia lo dejó escapar sin consecuencias penales. Una vez más, se protegió al agresor y se humilló a la víctima.
MILITAR GOLPEADOR: PALIZA A
ADULTO MAYOR, SIN CASTIGO
En enero de 2023, un adulto mayor fue abofeteado por un marino paraguayo en la aduana de Ciudad del Este, en la cabecera del Puente de la Amistad. El hombre se habría resistido a un control vehicular, y como respuesta, el suboficial Rogelio Daniel Franco le propinó un violento golpe en el rostro, todo frente a testigos y cámaras.
La Armada prometió sanciones. Informó que el agresor fue apartado temporalmente de su puesto. Se anunció un sumario. Pero, como ya es costumbre, todo quedó en la nada. El militar fue restituido a sus funciones y jamás enfrentó un proceso penal. El Ministerio Público, nuevamente, miró para otro lado.
Los tres casos expuestos tienen elementos en común: Agresiones físicas graves contra civiles. Pruebas visuales o testimoniales sólidas. Alto nivel de cobertura mediática inicial. Reacción institucional “de compromiso” al principio. Y finalmente, una justicia que no actúa o que protege a los agresores. La impunidad no solo daña a las víctimas, sino que erosiona peligrosamente la credibilidad del sistema judicial.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
