Un nuevo y preocupante episodio de hostigamiento político contra la libertad de prensa tuvo como blanco al diario La Clave, luego de que la senadora colorada Lilian Samaniego enviara a la escribana Estela Fornerón a la redacción del medio para exigir una “ratificación o rectificación” sobre publicaciones realizadas a finales del año pasado. Detrás de esta maniobra —que en los hechos constituye un intento de amedrentamiento institucional contra el ejercicio periodístico— aparece el nombre del polémico político–empresario Abundio López, sindicado como uno de los principales protegidos de la legisladora y señalado como operador privilegiado dentro de licitaciones millonarias de la ANDE.
Fuentes internas del sector energético afirman que López habría sido quien impulsó la presión contra el medio de comunicación luego de que La Clave publicara sobre sus negocios con el Estado y presuntas irregularidades en procesos licitatorios.
La intervención del abogado Leonardo Samaniego —representante legal de la senadora—, quien además fue abogado en un proceso judicial que involucró a Abundio López, refuerza aún más la percepción de un vínculo político, patrimonial y jurídico estrecho entre ambos.
La visita de la escribana Estela Fornerón a La Clave se trató de una acción directa de presión proveniente del entorno de una senadora contra un medio de comunicación, en un claro intento de intimidar al equipo periodístico, deslegitimar investigaciones publicadas y condicionar futuras publicaciones.
El trasfondo del reclamo estaría vinculado a artículos que exponen el rol de Abundio López en licitaciones direccionadas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), su historial tributario y administrativo y denuncias sobre su presunto blindaje político bajo el ala de Samaniego. El episodio reviste especial gravedad institucional, ya que se trata de una legisladora utilizando mecanismos notariales y jurídicos para incidir sobre un medio de prensa, configurando lo que varios analistas describen como una práctica intimidatoria impropia de un sistema democrático.
NEGROS ANTECEDENTES
El nombre de Abundio López estuvo rodeado de controversias públicas desde hace años. En 2020, Jennifer Natalia Balbuena denunció ante el Juzgado de la Niñez que siendo menor de edad fue sometida a reiterados abusos sexuales por parte del político colorado. Según el testimonio judicial los hechos habrían comenzado cuando Jennifer tenía 15 años, López la incorporó a su equipo de campaña con promesas de ayuda económica, la joven quedó embarazada, al inicio él costeó gastos médicos, pero posteriormente intentó derivar la paternidad hacia otro dirigente colorado: Elías Bernal (actual funcionario de Itaipu). El relato refiere que la adolescente fue convertida en “esclava sexual”, en un contexto de subordinación económica y manipulación política. La presencia del abogado Leonardo Samaniego en aquel proceso, y nuevamente en el conflicto contra La Clave, constituye un elemento que reitera la cercanía estructural entre las partes implicadas.
LICITACIONES AMAÑADAS
La ANDE vuelve a situarse bajo la lupa pública. Empresas del sector electromecánico —especialmente integrantes de la CECOEL— vienen denunciando un esquema de licitaciones direccionadas que beneficiaría sistemáticamente a Abundio López y a otra empresaria, Norma Girett, ambos identificados por denunciantes como operadores privilegiados del círculo político de Lilian Samaniego.
Las acusaciones internas señalan: exclusión de empresas competidoras, adjudicaciones recurrentes a los mismos proveedores, presiones políticas sobre áreas técnicas, planificación condicionada desde fuera de la estructura administrativa. En varios círculos empresariales del rubro, López es señalado como un actor con fuerte influencia política y respaldo partidario, pese a su frondoso historial de cuestionamientos fiscales y patrimoniales.
Documentos revisados por fuentes técnicas del sector señalan que: en 2017 López fue sancionado por la SET por uso de facturas falsas por G. 2.000 millones, la multa ascendía al 300% del monto, pero gracias a su influencia política habría pagado apenas la mitad. En paralelo, declaraba ingresos equivalentes a gastos, registrando “cero ganancias” durante años, mientras acumulaba bienes patrimoniales de alto valor. El comportamiento tributario observado fue catalogado por investigadores como típico de estructuras de ocultamiento patrimonial.
Su entorno familiar también arrastra controversias, su hermano, Carlos Antonio López Ibarra, fue condenado por narcotráfico internacional, había sido detenido con más de 5.000 kilos de marihuana, y acumulaba antecedentes previos. Este historial alimenta sospechas sobre el origen del capital que respalda las operaciones empresariales del clan.
