En una preocupante señal de retroceso en la justicia paraguaya y sentando un nefasto precedente jurídico, algunos cuestionados jueces comenzaron a permitir que procesados litiguen desde la clandestinidad, en una clara violación de las leyes del país. Entre ellos destaca la jueza penal de garantías de Alto Paraná, Cinthia Garcete, cuya reciente decisión de levantar una orden de captura a dos procesados residentes en España generó indignación y alarma. Sin embargo, el caso está en consonancia con lo resuelto recientemente por el Tribunal de Apelación en lo Penal, primera sala, cuyos miembros también levantaron la captura que pesaba sobre el abogado Walter Acosta, quien golpeó a una funcionaria del INTN, permitiéndole litigar desde la clandestinidad.
A través del auto interlocutorio nº 97, Garcete extinguió la rebeldía y levantó la orden de captura contra Julio César Martínez y Mirta Antonia Torres, acusados de una millonaria estafa. La pareja, declarada rebelde, reside en Málaga, España, y presentó su defensa a través de su abogado sin comparecer personalmente ante la justicia paraguaya. La magistrada, ignorando la obligatoriedad de la presencia de los imputados, resolvió liberarles de su condición de rebeldes, en lo que juristas consideran una acción ilegal.
Esta situación no es un hecho aislado. Siguiendo una línea similar, los camaristas Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, miembros de la cuestionada Asociación de Magistrados del Alto Paraná (ASOMAP), beneficiaron al abogado Walter Acosta, acusado de una brutal agresión a una funcionaria pública, permitiéndole litigar en la clandestinidad y revocando su orden de captura. Este precedente fue duramente criticado por expertos en Derecho, quienes advierten que esta práctica podría ser aprovechada por criminales y narcotraficantes para eludir la justicia con simples maniobras procesales.
El fallo de Garcete y la actuación de la ASOMAP, defendiendo este tipo de inconductas, fueron duramente criticados por otros magistrados. La jueza de garantías especializada en crimen organizado, Lici Sánchez, advirtió que permitir a imputados litigar sin comparecer personalmente abre un grave precedente que podría ser aprovechado por criminales de mayor peligrosidad.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
