Fiscal María del Carmen Meza, cuya jubilación ya está tramitada y cuenta con resolución, pero la misma se resiste a dejar el cargo.
Fiscal se niega a jubilarse y acumula graves denuncias por manejo irregular de causas
Pese a contar con edad, años de servicio y una resolución que le permite acogerse a la jubilación, la fiscal de Iruña, María del Carmen Meza, se resiste a dejar el cargo y continúa ejerciendo funciones en medio de graves y reiteradas denuncias. Fuentes del propio Ministerio Público aseguran que su permanencia ya no se justifica desde el punto de vista administrativo, mientras se multiplican los cuestionamientos por presunto manejo discrecional de causas penales. Allanamientos exprés, cambios de carátula, omisiones en investigaciones sensibles y acusaciones de negociaciones indebidas colocan nuevamente bajo la lupa a una fiscal cuya continuidad en funciones genera creciente malestar y pone en entredicho la credibilidad de la Justicia en el Alto Paraná.
La situación más reciente que volvió a poner bajo la lupa a la fiscal Meza es la grave denuncia presentada por la defensa del empresario libanés Salem Mohamad Ismail, que sospecha de una presunta confabulación entre la agente fiscal, un juez penal de garantías y la expareja del comerciante, con el objetivo de utilizar el sistema penal como herramienta de presión y persecución.
Según los antecedentes, la exesposa del empresario reside en Presidente Franco, mientras que Salem desarrolla sus actividades comerciales en Ciudad del Este. Sin embargo, de manera sugestiva, la denuncia por supuesta violencia familiar fue presentada en el distrito de Dr. Raúl Peña, jurisdicción que permite la intervención directa de la fiscal Meza, ampliamente cuestionada por su actuación en otros procesos.
Abogados defensores sostienen que no existe convivencia desde hace años, ni hechos recientes que justifiquen una acción penal urgente, y que la elección del lugar y el momento de la denuncia no fueron casuales, sino funcional a una maniobra previamente diseñada.
La denuncia fue presentada el 19 de enero de 2026 y, en tiempo récord, la fiscal Meza solicitó y obtuvo del juez penal de garantías de Naranjal, Adalberto Adrián Soto Espínola, un mandamiento de allanamiento y detención, algo absolutamente inusual en causas de violencia familiar sin flagrancia, sin pericias médicas, sin evaluación psicológica y sin antecedentes de riesgo inmediato.
Más llamativo aún resulta que el allanamiento fue autorizado para una oficina comercial, ubicada en pleno microcentro de Ciudad del Este, dentro de la Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-Árabe, con el objetivo principal de detener al empresario e incautar teléfonos celulares y “cualquier evidencia”, una redacción amplia que despierta serias dudas jurídicas. Juristas consultados coinciden en que no es razonable ni habitual ordenar allanamientos con fines de detención en este tipo de casos, menos tratándose de un lugar de trabajo y no de un domicilio particular.
La situación se agravó cuando se supo que la propia fiscal Meza se trasladó personalmente fuera de su jurisdicción, con el aparente objetivo de apresar “a toda costa” al empresario. El procedimiento fracasó únicamente porque Salem no se encontraba en el lugar al momento del allanamiento.
FISCAL CON ROSARIO DE CUESTIONAMIENTOS
La figura de María del Carmen Meza no es nueva en la polémica. Existen antecedentes graves que cuestionan su actuación en causas sensibles, entre ellas una tentativa de homicidio ocurrida en Iruña el 11 de enero de 2026, donde —según denuncias— la fiscal habría omitido diligencias básicas y luego rebajado la calificación jurídica del hecho.
De acuerdo con el relato incorporado en la denuncia, la víctima Luis Gustavo Zárate Vera fue interceptada por el brasileño Valdeclei Alex Pelincer Reckziegel, quien habría efectuado hasta 12 disparos con arma de fuego calibre 9 mm, impactando en el vehículo y causando lesiones.
Pese a la gravedad del hecho, la fiscal Meza no habría ordenado allanamientos inmediatos, incautación del arma ni pruebas de alcotest, aun cuando el presunto autor habría sido hallado en su vivienda bajo los efectos del alcohol. Posteriormente, la causa habría sido recalificada a delitos menores, habilitando una eventual salida procesal favorable.
Los denunciantes sospechan que este giro no fue casual y mencionan vínculos personales entre el imputado y el entorno del constructor de la lujosa vivienda de la fiscal, además de la sospecha de presuntas coimas para direccionar la causa.
MÁS DENUNCIAS, MISMO PATRÓN
A estos hechos se suma una denuncia anterior de una joven madre de Naranjal, presentada en noviembre de 2023, quien acusó a la fiscal Meza de inacción en un caso que involucraba incumplimiento del deber alimentario, retiro irregular de una menor sin orden judicial y una posterior denuncia por presunta agresión sexual, con pedido urgente de Cámara Gesell.
Según la presentación, la Fiscalía no reaccionó a tiempo, alimentando la sospecha de una benevolencia selectiva, nuevamente asociada —según la denunciante— a posibles beneficios indebidos.
¿POR QUÉ NO SE JUBILA?
En medio de este cúmulo de denuncias, surge un dato inquietante: María del Carmen Meza ya podría haberse jubilado. Fuentes seguras del Ministerio Público aseguran que la fiscal cuenta con la resolución correspondiente, pero se niega a acogerse al beneficio, prolongando su permanencia en el cargo.
La pregunta que se instala es inevitable: ¿por qué una agente tan cuestionada insiste en seguir en funciones? Para denunciantes y abogados, la respuesta está en la posibilidad de seguir manejando causas sensibles y negociando decisiones, en un esquema que erosiona gravemente la confianza pública.
