Operativo irregular de alcotest en Hernandarias, frente al PCC, conducido por la fiscal Montanía en enero pasado.
Tres cuestionadas agentes fiscales se mantienen atornilladas a sus cargos
La permanencia en sus cargos de fiscales en edad de jubilación vuelve a encender el debate sobre la credibilidad del Ministerio Público en Alto Paraná. Las fiscales María del Carmen Meza, de Iruña; Natalia Montanía, de Hernandarias; y Carolina Rosa Gadea, de Ciudad del Este, continúan en funciones en medio de cuestionamientos, denuncias e investigaciones que marcaron sus trayectorias. Los antecedentes incluyen presuntas irregularidades en procedimientos fiscales, polémicas decisiones judiciales y acusaciones de abuso de autoridad y enriquecimiento no aclarado. Mientras sectores jurídicos reclaman renovación institucional y mayor control, la situación expone la falta de depuración interna en la Fiscalía regional. En contraste, el fiscal Manuel Rojas aparece como una excepción, con reconocimiento ciudadano por su gestión. El escenario vuelve a instalar el debate sobre la necesidad de recuperar la confianza pública en el sistema de justicia.
El caso de la fiscal María del Carmen Meza se ha convertido en uno de los más emblemáticos. La misma reúne los requisitos para acogerse a la jubilación, pero permanece en el cargo en medio de reiteradas acusaciones sobre supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Entre los episodios más recientes figura la denuncia presentada por la defensa del empresario Salem Mohamad Ismail, que habla de una presunta confabulación entre operadores judiciales para utilizar el sistema penal como mecanismo de presión. Las críticas contra Meza no se limitan a ese caso. También se menciona su actuación en una causa por tentativa de homicidio en Iruña, donde —según denunciantes— no se ordenaron diligencias básicas de investigación pese a la gravedad del hecho, que incluyó múltiples disparos contra la víctima. Otro antecedente data de noviembre de 2023, cuando una madre denunció inacción fiscal en un caso que involucraba incumplimiento del deber alimentario, retiro irregular de una menor y una denuncia por presunta agresión sexual, con una Cámara Gesell que nunca se habría realizado.
A estos cuestionamientos se suman denuncias históricas sobre la supuesta liberación de un ciudadano brasileño detenido por Antinarcóticos, la desaparición de evidencias en procedimientos ambientales —incluyendo grandes cantidades de madera decomisada— y acusaciones de imputaciones arbitrarias en causas ambientales. También se menciona la presunta negociación para la venta de un terreno municipal en Iruña y denuncias sobre desaparición de dinero y objetos durante allanamientos. Sectores críticos incluso pidieron investigar el origen de bienes patrimoniales de alto valor atribuidos a la fiscala.
ALCOTEST EXTORSIVO Y ROSARIO DE ABUSOS
Otra figura cuestionada es la fiscal Natalia Montanía, de Hernandarias, cuyo nombre aparece vinculado a denuncias sobre controles de alcotest presuntamente extorsivos, realizados durante la feria judicial en enero pasado. De acuerdo con denuncias periodísticas, estos operativos se habrían realizado sin resolución de la Fiscalía Adjunta ni orden de servicio de la Policía Nacional, lo que plantea dudas sobre su legalidad.
Las controversias en torno a Montanía no son nuevas. Uno de los casos más recordados es el del ciudadano español José Zamora Linares, quien denunció haber sido bajado de un avión en 2010 para ser despojado de 105.000 euros, situación que motivó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por supuesto abuso de autoridad. En esa causa también fue mencionado su esposo, el exjuez y exdiputado Manuel Trinidad.
En 2023, la fiscal fue nuevamente cuestionada cuando, tras asumir interinamente una unidad fiscal por pocas horas, presentó un pedido de sobreseimiento definitivo en una causa por estafa que involucraba a Florencia Franco viuda de Chena. El juez penal Nelson Ojeda cuestionó la celeridad de la actuación y sugirió una posible maniobra para favorecer a la procesada.
Otro antecedente ocurrió en 2021, cuando la jueza María de Fátima Burró apercibió formalmente a Montanía por su ausencia injustificada en la audiencia preliminar del caso del asesinato de la jueza Diana Eveline Mereles Duarte, obligando a suspender la diligencia de un proceso de alto impacto público.
UNA FISCAL “MAGNATE” Y MUY CUESTIONADA
En el caso de la fiscal Carolina Rosa Gadea, los cuestionamientos se remontan a varios años atrás. Investigaciones periodísticas la señalaron como una de las denominadas “fiscales magnates” del Alto Paraná, debido a un significativo crecimiento patrimonial registrado en sus declaraciones juradas. De no poseer bienes en 1997, pasó a figurar pocos años después como propietaria de inmuebles de alto valor, incluida una residencia en el Paraná Country Club, valuada en más de G. 1.000 millones.
Aunque fue investigada por la Unidad de Delitos Económicos por supuesto enriquecimiento ilícito, la causa no avanzó, lo que generó críticas de gremios de abogados y organizaciones civiles.
En 2023, el Colegio de Abogados del Alto Paraná solicitó una auditoría de su unidad fiscal, denunciando la existencia de una “rosca” dentro del Ministerio Público regional. Ese mismo año, Gadea fue cuestionada por imputar por homicidio doloso a un joven que abatió a un presunto delincuente dentro de su vivienda, caso que generó un fuerte debate ciudadano sobre legítima defensa.
En contraste con estos cuestionamientos, dentro del Ministerio Público del Alto Paraná también se menciona el caso del fiscal Manuel Rojas, quien igualmente se encuentra en edad de jubilación, pero cuya gestión es considerada positiva por diversos sectores jurídicos y sociales. A diferencia de otros casos, existen pedidos expresos para que continúe en funciones, argumentando su trayectoria, independencia y desempeño profesional.
