El presunto empresario, Nivaldo Ourikes Kestring, se convirtió en un símbolo de cómo el poder económico puede torcer el brazo de la justicia y socavar la seguridad jurídica en el Alto Paraná. Pese a una nefasta trayectoria plagada de denuncias, condenas y procesos penales, el presunto empresario volvió a operar en su beneficio, logrando una cuestionada imputación contra representantes de la firma Agrofort S.A., en un evidente intento de apoderarse de la producción de soja y maíz de tierras que ya no le pertenecen.
A través de un contrato de arrendamiento vencido, Ourikes consiguió que el fiscal Adolfo Santander, recusado previamente por la defensa de Doacir Bianchet, titular de Agrofort S.A., imputara por estafa a los verdaderos propietarios de las tierras ubicadas en Itakyry. Todo esto, sin que el fiscal diera trámite previo a la denuncia, ni escuchara a la parte denunciada, la cual posee títulos de propiedad, contratos actualizados y documentación en regla.
Según la denuncia, Ourikes intentó apropiarse de unos 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz producidos en tierras adquiridas legalmente por Agrofort S.A. a la firma Inversiones Agrícolas S.A. Para justificar su reclamo, presentó un contrato fenecido, suscrito años atrás con un exarrendatario, y posteriormente denunció por estafa al actual propietario, con el aval del fiscal Víctor Adolfo Santander, cuya imparcialidad fue severamente cuestionada desde un inicio.
La maniobra fue calificada como un acto grosero de manipulación del sistema judicial por parte de un individuo que ya acumula varias causas abiertas por hechos similares. Entre ellas se destacan procesos por producción de documentos no auténticos, invasión de inmuebles ajenos, asociación criminal y delitos ambientales. Ourikes ya cuenta incluso con una condena de dos años y seis meses de prisión, y otra sentencia con suspensión de la condena.
El esquema delictivo que se le atribuye es persistente y estructurado. Utiliza empresas como ANR S.A. y Orión Agropecuaria S.A., donde figuran como accionistas y representantes legales sus familiares más cercanos, incluyendo su esposa Gloria Verónica Vera Benítez (imputada), y otros parientes como Ana Pabla Rolin Ourikes y Willian Rolin Ourikes. Todos ellos arrastran denuncias graves por delitos económicos.
Productores e inversionistas advierten que este tipo de prácticas, avaladas por el Ministerio Público, ponen en riesgo el Estado de Derecho y la previsibilidad legal en la región. La instrumentalización de la justicia para beneficios particulares amenaza no solo a las víctimas directas, sino a todo el sistema económico basado en el respeto a la propiedad y la ley.
En medio del silencio institucional, la historia de Nivaldo Ourikes Kestring se consolida como un ejemplo del desequilibrio que ocurre cuando el dinero, las influencias y la impunidad se entrelazan para vulnerar los principios básicos de justicia.
FUENTE: DIARIO VANGUARDIA
