El suspendido intendente Miguel Prieto ridiculizó las afirmaciones del interventor Ramón Ramírez sobre que, supuestamente, las obras ejecutadas por el Consejo de Salud durante la pandemia del Covid-19 no tenían autorización del Ministerio de Salud. A través de las redes sociales, el suspendido jefe comunal divulgó fotografías del entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, inaugurando las obras.
El interventor acusó que las obras y refacciones se ejecutaron sin contratos adecuados, sin control técnico, sin certificados de avance y sin actas de recepción final a espaldas del Ministerio de Salud. La respuesta no tardó: Prieto no convocó ruedas de prensa, no emitió comunicados extensos. Simplemente subió ocho fotografías a su cuenta de Facebook. Y, con ironía, escribió: “Miren las fotos”.
Detrás de ese mensaje seco, casi burlón, se esconde una guerra por el relato que ya lleva más de un mes, desde que el Gobierno ordenó la intervención de la Comuna. La acusación de uso irregular de más de G. 10.500 millones transferidos entre 2019 y 2022 al Consejo Local de Salud, de los cuales casi G. 6.000 millones habrían sido destinados a obras sin documentos de respaldo.
Prieto insiste en que se trata de una “persecución disfrazada de intervención”. Dijo que las obras sí se hicieron, y fueron incluso inauguradas con la presencia del entonces ministro de Salud. Las fotografías publicadas por el suspendido jefe comunal muestran a funcionarios municipales, médicos, enfermeros y autoridades nacionales, en julio del 2020, inaugurando 28 camas de terapia intensiva en el Hospital Regional de Ciudad del Este.
En otra imagen, el entonces ministro Mazzoleni recorre un pabellón de contingencia levantado en tiempo récord en abril del mismo año, cuando los hospitales colapsaban y el miedo al virus flotaba en cada rincón del país. “Para el sistema, invertir en salud es pecado”, sentenció Prieto en su posteo.
Ramírez había declarado horas antes del posteo de Prieto que no existen certificaciones, recepciones ni documentos que avalen esas obras. “No podemos determinar si lo que figura en las facturas corresponde con obras realmente ejecutadas. Y eso es inaceptable”.
Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla más visible de esta disputa. La publicación de Prieto con las fotos tuvo miles de interacciones. “Las pruebas están en las fotos, no en los papeles que ellos perdieron o esconden”, escribió una usuaria. Otros, en cambio, le recordaron que “las fotos no reemplazan documentos oficiales”.
Con apenas unas semanas por delante, el interventor Ramón Ramírez trabaja contra reloj para cerrar su informe. Aunque todavía no se ha hablado de denuncias penales, la palabra “malversación” ya está en boca de todos. Y Prieto, en cambio, ya no es solo un intendente suspendido: es un político en campaña.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
