Jorgelina Melgarejo, magistrada de Itakyry.
Benefician con arresto domiciliario a Nivaldo Ouriques y su hijo
El Juzgado Penal de Garantías de Ytakyry, a cargo de la juez Jorgelina Melgarejo, resolvió otorgar prisión domiciliaria a Nivaldo Ouriques Kestring, conocido públicamente como el “rey de las estafas del campo”, y a su hijo Willian Ouriques Rolin, procesados por presunta producción de documentos no auténticos, producción mediata de documento público falso y asociación criminal.
La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio Nº 31, que dejó sin efecto la prisión preventiva que pesaba sobre ambos y la sustituyó por arresto domiciliario con caución real. Como garantía, el juzgado fijó bienes tasados en aproximadamente 2 millones de dólares, estableciendo un embargo de 1 millón por cada imputado.
La medida se produce apenas días después de que la Cámara de Apelaciones hubiera confirmado la prisión preventiva, lo que generó sorpresa en el ámbito judicial y fuerte repercusión en el sector agropecuario, donde productores sostienen haber sido afectados por las presuntas maniobras irregulares vinculadas a títulos de propiedad de inmuebles rurales.
El Ministerio Público reaccionó de inmediato y presentó un recurso de apelación general contra la resolución. El fiscal interviniente sostiene que persisten los riesgos procesales que justifican la prisión preventiva, especialmente el peligro de fuga, considerando la elevada expectativa de pena en caso de condena y el contexto fronterizo de Alto Paraná, que —según la acusación— facilitaría una eventual sustracción al proceso.
Asimismo, la Fiscalía argumenta que la investigación se encuentra en etapa preparatoria y que aún existen diligencias pendientes, por lo que no puede descartarse el riesgo de obstrucción. También cuestiona que la caución económica, por elevada que sea, no garantiza por sí sola el sometimiento al proceso, particularmente tratándose de imputados con importante capacidad económica vinculada al sector agroindustrial.
El caso ha generado amplio debate público, no solo por la magnitud económica de los hechos investigados, sino también por la rapidez con que se modificó la situación procesal de los imputados. Ahora será el Tribunal de Apelaciones el que deberá analizar el recurso fiscal y resolver si confirma la prisión domiciliaria o restablece la prisión preventiva.
