La democracia paraguaya atraviesa momentos de tensión institucional que podrían derivar en un escenario caótico, confuso y costoso. En medio de un evidente clima de persecución impulsado por el gobierno cartista contra referentes políticos no alineados, como el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, crece la preocupación por las consecuencias legales, logísticas y financieras de una eventual destitución. Para referentes del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), la ley es clara y ordena la realización de nuevos comicios, en caso de destitución, sin embargo, ello choca con los plazos vigentes, ya que para octubre de 2026 están marcadas las elecciones municipales para todo el país.
En entrevista concedida a Radio La Clave 103.9 FM, Carlos María Ljubetic, director de procesos electorales del TSJE, explicó en detalle el procedimiento legal y sus implicancias ante una posible destitución de un jefe comunal. Fue enfático: si un intendente es destituido —y no se trata de una renuncia, muerte o inhabilitación— la ley ordena, sin excepciones, la convocatoria a nuevas elecciones municipales.
Este escenario, de concretarse, conllevaría una serie de desafíos. En primer lugar, el propio cronograma electoral ya prevé elecciones internas el 7 de junio de 2026 y elecciones municipales para el 11 de octubre de ese mismo año. Por tanto, llevar a cabo comicios intermedios implicaría un esfuerzo logístico inmenso y un gasto innecesario para el Estado, los partidos políticos y la ciudadanía, además de sembrar una peligrosa confusión entre el electorado.
Ljubetic advirtió que el proceso de intervención, seguido de una eventual destitución y convocatoria a elecciones, puede extenderse más allá de diciembre, lo que acortaría peligrosamente los plazos legales establecidos para garantizar el financiamiento político y la organización electoral. “El problema es que hoy en día esos 90 días no alcanzan para cumplir las disposiciones legales”, alertó el funcionario del TSJE. “La ley exige que los candidatos habiliten una cuenta bancaria con tres meses de antelación, lo que ya de por sí estrecha los tiempos.”
Más aún, si se llegara a una elección en pleno 2026, el absurdo podría ser tal que el nuevo intendente elegido apenas tenga un mandato de tres o cinco meses antes de ser reemplazado por el ganador de las elecciones generales previstas en octubre. Es decir, una persona podría asumir en agosto y dejar el cargo en octubre, con todos los costos que ello implica.
Este panorama no solo es irracional, sino también perjudicial para el funcionamiento institucional de los dos municipios más importantes del país: Ciudad del Este y Asunción. Ljubetic fue categórico al afirmar: “Esto genera una confusión tremenda y una incertidumbre enorme. Además, implica un doble gasto para los partidos, los candidatos y para el propio Estado”.
Referentes de YoCreo mencionaron que, impulsar una destitución en estas condiciones, prácticamente inocua en términos administrativos y muy perjudicial desde el punto de vista político y económico, solo se explica mediante la utilización de las instituciones del Estado con fines políticos: una persecución directa contra quienes representan una amenaza para el proyecto hegemónico del cartismo.
Ljubetic, si bien se abstuvo de emitir juicios políticos, dejó en claro que la única salida posible es cumplir la ley. Sin embargo, también reconoció que si las resoluciones de destitución no se dictan a tiempo, será imposible ejecutar con responsabilidad y eficacia un nuevo proceso electoral, dado el contexto normativo actual.
Así, el país se encuentra ante una encrucijada. La ley manda que se convoquen elecciones si un intendente es destituido, pero los tiempos y la realidad política hacen que su cumplimiento estricto genere más problemas que soluciones. Todo esto en nombre de una supuesta transparencia promovida por sectores que, en los hechos, demostraron usar las instituciones como herramientas de vendetta política. Las consecuencias de esta jugada política irresponsable podrían salir muy caras. En lugar de fortalecer la democracia, se la pone en riesgo, y lo que se siembra es un peligroso precedente de inestabilidad institucional, remarcaron politólogos consultados sobre el caso.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
