A casi un mes del violento ataque a tiros perpetrado por el suboficial segundo Guido Marciano Portillo Cardozo contra un local nocturno, el caso sigue impune. Pese a la existencia de videos de seguridad, testimonios, denuncia formal e incluso la identidad plenamente conocida del agresor, el fiscal Luis Trinidad, a cargo de la causa, no ha imputado ni ordenado la detención del uniformado, esgrimiendo excusas baratas. La inacción fiscal genera fuerte indignación ciudadana y evidencia una preocupante selectividad judicial, ya que cuando son “comunes” los que cometen este tipo de hechos, de inmediato quedan detenidos y son imputados por diversos delitos.
El episodio ocurrió en la madrugada del domingo 13 de julio, cuando Portillo, en aparente estado de ebriedad, intentó ingresar con algunos amigos al local Nargui Lounge, ubicado sobre la avenida Campo Vía, barrio Boquerón II. Al ser rechazado por los guardias por su vestimenta inapropiada, el uniformado lanzó amenazas verbales y se retiró. Minutos después, desde su vehículo, disparó varias veces contra el establecimiento, rompiendo vidrios e hiriendo levemente a un custodio del local. Las balas impactaron cerca de zonas donde había clientes, lo que pudo haber terminado en tragedia.
Los hechos fueron registrados por cámaras de seguridad del local. El dueño Richard Presentado radicó formalmente la denuncia ante la Policía y la Fiscalía, entregando todas las pruebas. “Este tipo casi mata a mi seguridad y a dos clientes. Es un caso muy grave y no pasa nada”, lamentó.
FISCAL TRINIDAD: SIN IMPUTACIÓN,
SIN ACCIÓN Y APENAS EXCUSAS
El fiscal Luis Trinidad, responsable de la causa, ha ignorado por completo las evidencias. Increíblemente, declaró que “aún no se puede identificar al autor”, pese a que el agresor es funcionario policial, con rostro visible en las grabaciones, y su nombre figura en la denuncia formal. Su respuesta ha sido calificada por juristas como “una afrenta al principio de igualdad ante la ley”.
La inacción del fiscal no solo genera sospechas, sino que alimenta una sensación generalizada de impunidad cuando los autores de hechos punibles son agentes del Estado. El caso del suboficial Portillo demuestra cómo el sistema puede volverse inoperante cuando el responsable pertenece a las fuerzas públicas.
Cabe recordar que Luis Trinidad accedió al cargo de fiscal gracias a la influencia de su hermano Manuel Trinidad, exfiscal y exdiputado, figura cuestionada por numerosas denuncias de venalidad judicial. Hoy, esa sombra parece extenderse a su gestión.
DOS CASOS SIMILARES,
JUSTICIA SELECTIVA
El contraste más escandaloso se da al comparar este caso con otro reciente. El 28 de julio, Alberto Enrique Domínguez, un pasero de 49 años, fue detenido e imputado en cuestión de horas tras realizar disparos al aire durante un altercado con militares, en inmediaciones de la Aduana. Aunque el hecho no dejó víctimas, el fiscal Luis Fernando Escobar lo imputó por tentativa de homicidio, producción de riesgos comunes, resistencia y transgresión a la Ley de Armas, solicitando de inmediato su prisión preventiva.
Domínguez, que resultó herido por disparos militares, fue procesado con la máxima celeridad, a diferencia del policía Portillo, que aún camina libre pese a haber atacado con balas un sitio concurrido, con herido incluido y pruebas irrefutables en su contra. El doble rasero de la justicia paraguaya queda una vez más en evidencia. Mientras los civiles son perseguidos con prontitud por hechos similares o incluso menores, los policías violentos cuentan con protección informal del sistema.
FUENTE: DIARIO VANGUARDIA
