ITAKYRY, Alto Paraná. El conflicto judicial por un inmueble rural de 33 hectáreas sumó un nuevo y preocupante capítulo. El productor paraguayo Gustavo Ocampos denunció que personas vinculadas al prepotente empresario brasileño Doacir Bianchet ingresaron a la propiedad, incendiaron la vivienda existente en el lugar y retiraron gran parte del alambrado perimetral, ocasionándole cuantiosos daños materiales. La denuncia ya fue formalizada ante el Ministerio Público y, según confirmó el propio Ocampos, el fiscal Fernando Galeano se constituyó en el inmueble para verificar la situación denunciada e iniciar las diligencias investigativas correspondientes.
De acuerdo con la denuncia presentada por el afectado, el ingreso a la propiedad habría sido encabezado por el abogado Pedro Vera, representante legal de Bianchet, acompañado por varias personas armadas que habitualmente custodian al empresario brasileño. Se trata de guardias (comúnmente llamados capangas) de una empresa de seguridad llamada Fénix SA, propiedad del concejal municipal de Minga Porã, Walter Espínola, también conocido por su prepotencia. Estos guardias son los que, fuertemente armados y con “cara de guerra” imponen su “ley” y hacen que esa zona de Itakyry esté convertida en tierra de nadie.
Ocampos sostiene que, además de incendiar completamente la vivienda, los ocupantes retiraron el alambrado existente en el inmueble y ocasionaron importantes destrozos. El denunciante afirma que estos hechos ocurrieron poco después de que se ejecutara una polémica y cuestionada resolución judicial del juez de Minga Porã, Ovidio Javier Bogado.
En tanto, el fiscal Fernando Galeano acudió personalmente al inmueble para constatar los daños denunciados y recoger los primeros elementos de prueba. La investigación deberá determinar las circunstancias en que ocurrió el incendio de la vivienda, la desaparición del alambrado y la eventual responsabilidad de las personas señaladas por el denunciante. Mientras tanto, Ocampos insiste en que los hechos constituyen una grave escalada del conflicto por la posesión del inmueble y reclama garantías para preservar su integridad física y sus derechos. Argumenta que la medida cautelar a su favor sigue vigente, ni siquiera se revocó, pues al apelarse, pues, queda con efecto suspendido. Es decir, la revocatoria de esa resolución (medida cautelar) no está firme hasta tanto no se expida el tribunal, sin embargo, Doacir Bianchet y sus capangas actuaron igual, violando todas las normas del debido proceso.
El caso enfrenta a Gustavo Ocampos con el prepotente empresario brasileño Doacir Bianchet, quien mantiene una disputa judicial por las tierras ubicadas en el distrito de Itakyry. La defensa de Ocampos sostiene que Bianchet ocupa actualmente el inmueble amparándose en una medida cautelar.
Asimismo, los representantes legales del denunciante cuestionan que el empresario extranjero reúna las condiciones legales para acceder a inmuebles destinados a la reforma agraria, aspecto que también forma parte de los planteamientos realizados durante el proceso.
JUEZ VENAL INTERVINO
El conflicto volvió igualmente a poner bajo cuestionamiento la actuación del juez de Minga Porã, Ovidio Javier Bogado Vera, cuya sentencia permitió dejar sin efecto la medida cautelar que favorecía a Gustavo Ocampos. La resolución judicial generó una fuerte polémica luego de conocerse que aparece fechada el 20 de julio de 2026, precisamente el mismo día en que comenzó un permiso particular oficialmente concedido al magistrado mediante una resolución administrativa de la presidencia de la VI Circunscripción Judicial.
Ese permiso se extendía del 20 al 24 de julio y establecía expresamente la designación de la jueza Ana Emilce Giménez como magistrada interina durante ese período. Para la representación legal de Ocampos, esta situación plantea serias dudas sobre la competencia funcional del juez para dictar una sentencia definitiva una vez iniciado el permiso y existiendo una jueza legalmente designada para reemplazarlo.
Los abogados del afectado sostienen que la situación presenta similitudes con el caso de la exjueza Tania Irún, quien fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tras un proceso disciplinario en el que se analizaron actuaciones judiciales realizadas durante un período de licencia.
Con base en ese antecedente, consideran que corresponde que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados abra de oficio una investigación para determinar si existió alguna irregularidad en la actuación del magistrado Ovidio Bogado y, en caso de comprobarse alguna falta grave, adopte las medidas disciplinarias previstas por la ley.
Paralelamente, Gustavo Ocampos denunció que personas vinculadas a Bianchet ya cosecharon aproximadamente 23 de las 33 hectáreas de cultivo en el inmueble, pese a que el litigio aún no se encuentra firme, debido a que la sentencia fue apelada. La defensa sostiene que el recurso fue concedido con efecto suspensivo, por lo que considera que la ejecución de la resolución judicial continúa siendo materia de controversia
