Miguel Prieto y los demás imputados durante la audiencia de ayer.
Ayer se realizó la audiencia preliminar del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y otros 10 imputados en el marco del caso conocido como “Tía Chela”. La diligencia se desarrolló ante el juez penal de garantías Humberto Otazúy en la capital del país. El caso se refiere a las presuntas irregularidades cometidas durante la compra de kits de alimentos durante la pandemia de Covid-19.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Silvio Corbeta, reafirmó su acusación contra Prieto y contra los demás procesados. Sostuvo que existen elementos suficientes para demostrar la existencia de un esquema de lesión de confianza y asociación criminal que habría ocasionado un perjuicio patrimonial de casi G. 3.000 mil millones a la Municipalidad de Ciudad del Este.
La Fiscalía sostiene que la adjudicación realizada por procedimiento de excepción fue irregular y que la empresa beneficiada carecía de capacidad para cumplir con el contrato, además de haber presentado facturas con fechas posteriores a las supuestas entregas de los kits alimentarios.
En la causa también están involucrados otros 10 procesados: Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Sebastián Martínez Insfrán, Maggi Fariña Almada, José Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez. Todos ellos enfrentan los mismos cargos de presunta lesión de confianza y asociación criminal.
Durante la audiencia, el fiscal Corbeta solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público e impuso una serie de medidas cautelares para garantizar el desarrollo del proceso, entre ellas la prohibición de salida del país, la obligación de comparecer mensualmente ante el Juzgado y la fijación de una caución real. En el caso de Miguel Prieto, añadió la prohibición de acercarse a la Municipalidad de Ciudad del Este.
La defensa de los acusados planteó una serie de incidentes y pedidos de nulidad, alegando inconsistencias en la acusación fiscal. Señaló que los hechos no habrían sido debidamente individualizados y que la imputación carece de sustento técnico y documental. Los abogados sostienen que se trata de un proceso construido sobre afirmaciones que no han sido comprobadas.
JUICIO ORAL
Miguel Prieto reiteró su postura de que el proceso tiene motivaciones políticas. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, informó a sus seguidores que le fue prohibido salir del país, que deberá presentarse cada mes en Asunción para firmar el libro judicial y que su caso avanzará a juicio oral.
“Reporte de mi audiencia preliminar. Me prohibieron salir del país, tengo que venir cada mes a Asunción a firmar el libro, nos vamos a juicio oral. Me hacen parecer un delincuente”, refiri´p.
Calificó el proceso como “todo un teatro”, en lo que considera una maniobra del sistema para perjudicarlo políticamente.
