ITAKYRY, Alto Paraná. El prepotente terrateniente brasileño Doacir Bianchet, quien aparentemente goza de la protección de la Justicia, volvió a ingresar el sábado a una propiedad del productor paraguayo Gustavo Ocampos con una cosechadora y cosechó parte de su plantación de maíz. Sin embargo, esta vez el afectado llegó a tiempo y evitó que le robaran toda su producción. Ante la falta de protección de la Fiscalía y de la Policía, Ocampos tuvo que subir personalmente a su tractor para custodiar sus tierras, cuyos postes y unos 40.000 metros de alambrado ya fueron robados por personal vinculado al extranjero. Un equipo periodístico del diario La Clave estuvo en la zona durante el fin de semana y constató cómo hombres armados, vestidos como verdaderos “ninjas”, recorrían el lugar intimidando al productor. También pudo corroborar que Bianchet cerró con alambradas una calle pública para obstaculizar el libre tránsito. Supuestamente, los constantes atropellos formarían parte de una estrategia para presionar a los propietarios a vender sus tierras por debajo de su valor comercial.
Según relató Ocampos, durante la mañana del sábado una cosechadora al mando de empleados de Bianchet ingresó a otra de sus parcelas y logró levantar parte de la producción antes de que él llegara. El productor mostró sectores de cultivos que fueron cosechados sin su autorización y recordó que anteriormente ya había denunciado la recolección de 23 de las 33 hectáreas de maíz de otro de sus inmuebles. “Yo mismo tengo que cuidar mi propiedad”, lamentó.
DESIDIA O COMPLICIDAD
De acuerdo con los datos, el productor paraguayo denunció la presunta parcialidad del fiscal Fernando Galeano, de Minga Porã. Sostuvo que denunció reiteradamente los presuntos ingresos ilegales, la cosecha de granos y el robo de postes y alambrados, pero sus denuncias no tuvieron respuesta del Ministerio Público.
El productor también denunció que Bianchet habría cerrado con alambradas un camino vecinal registrado como calle pública en documentos catastrales para impedirle el acceso a una de las parcelas de tierra que posee en la zona y, ante ello, pidió la intervención de las autoridades para verificar esa situación, pero sus denuncias no son escuchadas.
El productor sospecha que los constantes atropellos y la presión generada alrededor de los inmuebles buscarían terminar forzando a los propietarios a desprenderse de sus tierras por valores inferiores a los del mercado.
El otro nombre que vuelve a quedar en el centro del conflicto es el del juez de primera instancia de Minga Porã, Ovidio Javier Bogado Vera. La defensa de Ocampos cuestiona fuertemente una resolución judicial que dejó sin efecto una medida cautelar que favorecía al productor y cuya llamativa actuación ya está bajo la lupa del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
La principal controversia radica en que, según los documentos proporcionados por la defensa, la resolución aparece fechada el 20 de julio de 2026, coincidentemente con el inicio de un permiso particular que habría sido concedido al magistrado desde el 20 hasta el 24 de julio. Durante ese periodo, conforme a la documentación invocada por la representación de Ocampos, otra magistrada había sido designada para interinar el juzgado.
EL TRASFONDO
Según Ocampos, la intención del prepotente brasileño sería adquirir sus tierras y las de otros productores de la zona ofreciendo entre USD 4.000 y USD 5.000 por hectárea, cuando el valor comercial actualizado rondaría los USD 12.000. Como los productores se niegan a vender sus tierras por un valor tan bajo, el prepotente extranjero estaría buscando sacarlos del camino como sea, pero con la presunta complicidad de jueces y fiscales.
IN SITU
Un equipo periodístico de diario La Clave estuvo el sábado en Itakyry y recorrió junto con Ocampos parte de sus inmuebles. Durante el trayecto, los periodistas pudieron observar la presencia constante de hombres vestidos completamente de negro (como si fuesen ninjas), con el rostro cubierto y portando escopetas, que seguían a distancia el desplazamiento del propietario y del equipo de prensa.
Ocampos mostró al equipo periodístico sectores de sus cultivos que fueron cosechados sin su autorización por el prepotente brasileño. El afectado afirma que estas acciones se vienen produciendo pese a que la disputa judicial todavía continúa y existen recursos pendientes de resolución. En un episodio anterior, la defensa de Ocampos ya había denunciado la cosecha de aproximadamente 23 de las 33 hectáreas de maíz existentes en uno de sus inmuebles. Ahora, el productor sostiene que las incursiones continúan en otras parcelas. “Yo mismo tengo que cuidar mi propiedad”, lamentó al describir la situación de impotencia en la que asegura encontrarse ante la falta de protección policial y fiscal.
