El 2025 se despide dejando al desnudo el rostro más oscuro del Poder Judicial en el Alto Paraná: corrupción estructural, impunidad garantizada y un sistema diseñado para proteger a jueces venales, fiscales complacientes y policías criminales. Graves denuncias contra magistrados como Cinthia Garcete, Carlos Vera, Liz Paola Espínola y Nelson Ojeda fueron archivadas o diluidas sin investigación real. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados operó como escudo político de los acusados, mientras decisiones judiciales aberrantes desbarataron causas por homicidio, narcotráfico y delitos millonarios. Policías gatillo fácil y agentes involucrados en crímenes siguieron libres, algunos incluso en funciones. Detrás de este entramado, la figura del ministro César Diesel emerge como garante de la protección corporativa y del disciplinamiento interno. El resultado es un mensaje devastador para la sociedad: en el Alto Paraná, la ley no es igual para todos y la justicia dejó de ser justicia.
Uno de los símbolos más elocuentes de esta decadencia institucional es la jueza penal de garantías N.º 5 de Ciudad del Este, Cinthia María Garcete Urunaga, señalada por gremios de abogados como una de las magistradas más cuestionadas del Alto Paraná. En septiembre de 2025, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) rechazó in limine la denuncia en su contra en la Causa N.º 126/2023, archivando el expediente sin siquiera abrir una investigación de fondo.
La gravedad de las acusaciones no admite relativizaciones. Garcete fue denunciada por haber recibido supuestamente G. 300 millones en coimas, junto al fiscal Alcides Giménez Zorrilla, para beneficiar a once policías imputados por el doble homicidio de Gloria Yetsica Espínola Cáceres y Alex Enrique Ortiz Estigarribia, ocurrido el 19 de noviembre de 2022 en el km 12 Acaray de Ciudad del Este. Las víctimas fueron ejecutadas dentro de su vehículo durante un procedimiento policial irregular.
Según la denuncia, el dinero habría sido canalizado a través del comisario retirado Ángel Gabriaguez, quien también habría sugerido la contratación de un mismo estudio jurídico para los imputados. La entonces fiscala Vanesa Candia, que se opuso a la maniobra, fue apartada del caso mediante recusación.
A pesar de la extrema gravedad del hecho —un doble homicidio con participación policial— los once uniformados fueron beneficiados con arresto domiciliario y hoy permanecen en libertad. Lejos de tratarse de un episodio aislado, en enero de 2025 Garcete volvió a quedar bajo la lupa tras levantar irregularmente órdenes de captura contra dos procesados residentes en España, investigación que tampoco prosperó en el JEM.
CARLOS VERA RUIZ DÍAZ: DEL ESCÁNDALO AL PREMIO
Otro caso paradigmático es el del juez Carlos Vera Ruiz Díaz, responsable de una sentencia que dejó en libertad a Celso Darío Eladio Maldonado Florentín, narcotraficante hallado con 17,4 kilos de cocaína en Minga Guazú. La condena de apenas dos años, suspendida, fue considerada por penalistas como una burla al combate contra el narcotráfico.
El fallo contó con la anuencia de los fiscales Elvio Aguilera y Jorge Sosa, quienes alegaron una supuesta “colaboración” del imputado que jamás fue acreditada. Lejos de ser investigado con rigor, Vera fue premiado por la Corte Suprema con un juzgado penal en Lambaré, mientras el amague de investigación en el JEM quedó en la nada.
LIZ PAOLA ESPÍNOLA: PRISIÓN DOMICILIARIA PARA EL MICROTRÁFICO
La jueza de Ejecución Penal Liz Paola Espínola protagonizó otro episodio que indignó a la ciudadanía al conceder prisión domiciliaria a Hugo Amílcar Caballero, condenado a cinco años de cárcel por microtráfico, pese a no existir causal humanitaria conocida que justifique el beneficio.
Caballero fue detenido en mayo de 2024 con 2,6 kilos de marihuana, balanzas y elementos de distribución. Sin embargo, mediante el A.I. N.º 4484 del 16 de diciembre de 2025, se autorizó que cumpla su condena en una vivienda particular hasta septiembre de 2027. La medida contó con el silencio cómplice de la fiscal de Ejecución Denisse Duarte, que no presentó oposición alguna.
NELSON OJEDA: CAMIONES DEVUELTOS, PRUEBAS PERDIDAS
El juez Nelson Ojeda Quintana, de Hernandarias, volvió a quedar en el centro de la polémica al ordenar la devolución de dos camiones incautados en una causa por robo de más de 130 toneladas de soja, con un perjuicio superior a G. 400 millones.
La resolución —A.I. N.º 1187— benefició al imputado Guillermo Ferreira Molinas, pese a la oposición expresa del fiscal Miguel Figueredo, quien advirtió que los vehículos eran pruebas esenciales. En los pasillos judiciales se habló de una supuesta coima de USD 20.000 para concretar la devolución. Ojeda, destituido en 2022 por el JEM y reincorporado meses después por la Corte, arrastra un largo historial de decisiones cuestionadas.
CÉSAR DIESEL: EL PODER REAL DETRÁS DE LA IMPUNIDAD
Detrás de estos casos emerge con fuerza el nombre del ministro de la Corte Suprema, César Diesel, superintendente de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná. Abogados y funcionarios coinciden en señalarlo como el gran protector de jueces recaudadores, sosteniendo un esquema de control político y disciplinamiento interno que garantiza lealtad a cambio de impunidad.
Bajo su gestión, los magistrados más cuestionados no solo permanecen en sus cargos, sino que son trasladados o promovidos, mientras las denuncias se diluyen en instancias administrativas diseñadas para no sancionar.
POLICÍAS GATILLO FÁCIL: LIBRES Y PROTEGIDOS
La impunidad no se limita a jueces y fiscales. En agosto, el suboficial Augusto Concepción Oviedo Martínez, responsable de la ejecución de Alcides de la Cruz Lezcano Ortiz en Hernandarias, fue beneficiado con arresto domiciliario, pese a que una pericia balística concluyó que se trató de una ejecución y posterior montaje de escena.
El informe descartó cualquier enfrentamiento y confirmó que el arma fue implantada. Aun así, el Tribunal de Apelaciones optó por proteger al uniformado. Este caso se suma al de los once policías del doble homicidio de 2022, a los hermanos policías detenidos con drogas en Brasil que siguen en servicio, y a más de 50 agentes procesados que continúan armados y uniformados.
FISCAL CINTHIA LEIVA Y EL CASO “WIFI”
En septiembre de 2025, la fiscal Cinthia Leiva quedó en el centro de la controversia tras ordenar la detención de un suboficial que abatió al presunto delincuente conocido como “Wifi”. Si bien se trató de una decisión procesal, la reacción ciudadana evidenció una profunda desconexión entre el Ministerio Público y la realidad de la inseguridad, reavivando el debate sobre criterios selectivos y oportunismo fiscal.
UN SISTEMA QUE FRACASÓ
El balance es demoledor. Jueces denunciados que no son investigados, fiscales que callan, policías asesinos protegidos y organismos de control que archivan causas. El JEM, lejos de ser un órgano de depuración, se consolidó como un muro de contención para los magistrados cuestionados. El 2025 deja un mensaje peligroso: en el Alto Paraná, el crimen puede compensar, siempre que se cuente con los contactos adecuados dentro de un sistema judicial corroído. La ciudadanía, las víctimas y los sectores honestos del propio Poder Judicial merecen algo mejor. Mientras tanto, la justicia sigue ausente, y la impunidad, cómodamente instalada.
