Un llamativo robo de equipos informáticos usados para la minería de criptomonedas, ocurrido este 1 de septiembre en Ciudad del Este volvió a poner en evidencia la maraña de ilegalidad, impunidad y corrupción que rodea al negocio de la criptominería en Paraguay. El robo de siete máquinas para minar bitcoins, registrado en el barrio Che la Reina, desnuda no solo la inseguridad que rodea a esta actividad, sino también la pasividad con la que actúan las instituciones responsables de combatirla. Ayer al mediodía la ANDE realizó un simulacro de operativo en el lugar, buscando conexiones clandestinas a su red de suministro energético.
Según el parte oficial de la comisaría 4ª del barrio Pablo Rojas, alrededor de las 04:00 de la madrugada, entre cuatro y cinco hombres armados irrumpieron en una vivienda deshabitada ubicada en la intersección de las calles Rosario y República de Argentina, a la altura del km 4. Tras violentar el portón principal, los desconocidos ingresaron a una de las habitaciones y se llevaron siete equipos de criptominería.
Las máquinas pertenecían a Oscar Adrián Posteguillo Rojas, de 32 años, domiciliado en el barrio Obrero de Ciudad del Este, quien cuenta con antecedentes por acoso sexual en el año 2024. El hecho fue comunicado al fiscal de turno, Carlos Almada, pero hasta ahora no se informaron mayores avances en la investigación. Ayer, al mediodía, funcionarios de la ANDE realizaron un simulacro de operativo en el lugar, para demostrar su “supuesta voluntad” de combatir la minería ilegal de bitcoins.
No obstante, el caso pone de relieve un patrón preocupante: la minería de criptomonedas, en su mayoría ilegal en Paraguay, está siendo explotada por personas con antecedentes criminales o nexos con el crimen organizado. El hecho de que el dueño de las máquinas robadas arrastre antecedentes por acoso sexual refuerza la percepción de que este negocio es refugio de delincuentes, depravados y lavadores de dinero que encuentran en la minería virtual un camino rápido para blanquear capitales en dólares.
ANDE CÓMPLICE
Más allá del hecho policial, lo más grave es que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se muestra incapaz —o poco interesada— en frenar el descomunal robo de energía que sostienen estas granjas de criptominería.
Fuentes internas de la estatal confirman que mensualmente se pierden millonarias sumas a raíz de las conexiones clandestinas. Pese a ello, los jefes regionales de la ANDE miran hacia otro lado. En Alto Paraná, la máxima autoridad es el Ing. Juan Rozzano, acompañado por el Ing. Valerio Rojas (jefe de distribución) y el Ing. Domiciano Silguero (jefe regional de pérdidas). Este último es señalado como el principal responsable de la permisividad institucional frente a las granjas ilegales, aunque no se descarta que incluso el propio presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, esté involucrado en el esquema. “En muchos casos, estas empresas pagan apenas entre 20 y 30 millones de guaraníes, pero el consumo real supera los 200 a 300 millones al mes”, confesó un funcionario de la estatal a nuestro medio.
FISCALÍA AUSENTE
El Ministerio Público tampoco escapa a la crítica. En Alto Paraná, el fiscal Alcides Giménez está designado para perseguir la sustracción de energía, tipificada en el Art. 173 del Código Penal, con penas de hasta 3 años de prisión. Sin embargo, hasta la fecha no existe un solo condenado en el departamento por este delito.
En otros puntos del país, los fiscales ordenan al menos el decomiso de los equipos de criptominería, pero en el décimo departamento la pasividad es absoluta. Ni decomisos ni imputaciones: los responsables pagan sumas considerables para blindarse de cualquier proceso judicial.
Expertos en seguridad y en economía coinciden en que la minería de bitcoins es hoy uno de los mecanismos más utilizados por organizaciones criminales para el lavado de dinero. La conversión directa a dólares facilita la operación, convirtiéndola en un atractivo esquema para narcotraficantes y estructuras vinculadas al crimen organizado.
En Alto Paraná, se estima que unas 40 granjas de criptominería operan de manera activa, pese a los esporádicos allanamientos que la ANDE y la Fiscalía organizan solo cuando la presión política desde la capital se vuelve insostenible.
La minería ilegal de criptomonedas no solo roba millones a la ANDE, sino que también golpea directamente a la ciudadanía, provocando los constantes cortes de energía que afectan a barrios enteros. Mientras tanto, los responsables gozan de protección institucional. La permisividad de los jefes regionales de la ANDE y la inacción de fiscales como Alcides Giménez consolidan un sistema de impunidad que convierte a Alto Paraná en tierra fértil para los ladrones de energía y lavadores de dinero.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
